En ese sentido, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, denunció que con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catastrales, INACIF, cárceles, notarios y abogados.

El jurista alertó que la propuesta de creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano. De igual forma, sostuvo que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.

Surún Hernández indicó que de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catastrales.

Surún Hernández manifestó que el sistema carcelario también estaría en manos de un político nombrado por el presidente de la República, que tendría a su cargo el negocio de las certificaciones de buena conducta y de las comidas a los presos, pese a la fatídica experiencia en el desayuno escolar.