Contadores Públicos presentan alternativas a la reforma fiscal
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En los actuales momentos el tema de mayor atención en la agenda pública es la Reforma Fiscal anunciada por las autoridades del gobierno. Considerando la importancia del tema es un deber de los profesionales de la contraloría pública que integran el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), de contribuir significativamente con el debate crítico y contractivo en el ámbito de la competencia de gremio acorde con la ley 633 y el reglamento 20-32.
Pues en ese sentido, entendemos que una reforma fiscal integral debe abordar no solamente la reconstrucción y reorientación del gasto público, sino también su calidad y eficiencia. Por esa razón sugerimos que el presupuesto que debe formular el gobierno para el año 2013 debe tomar en cuenta indicadores que permitan medir la efectividad y la rentabilidad social del gasto.
Los impuestos son la otra cara de la reforma, y el instituto de contadores como parte de la sociedad, aspira a una carga tributaria que aunque implique sacrificio fuere equilibrada y justa. La discusión sobre la magnitud del déficit fiscal, sus orígenes, responsabilidad, y eficacia de las instancias de control financiero del Estado, representan periódicamente asuntos públicos que no escapan del debate, y preocupan a los ciudadanos, profesionales, inversionistas, y los sectores económicos y sociales del país.
Es por ello que sugerimos que los actuales funcionarios de los órganos de control del gobierno tomen en cuenta en lo adelante el cumplimiento del artículo 245 de la Constitución de la república que dice: ¨el Estado dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley 126-01, Para de esta manera evitar dudas en las informaciones presentadas por el gobierno al momento de tomar las decisiones.
La evidencia empírica y la experiencia internacional revelan que los gobiernos principalmente aquellos de países en vía al desarrollo como nuestro país, tradicionalmente han decidido concentrar una mayor carga impositiva a los impuestos al consumo por su relativa facilidad para la administración y el control del cobro correspondientes, el de menor valor. Además se debe tener en cuenta que el sector inmobiliario aun no termina de salir de la crisis en que se encuentra desde hace años.
No se debería gravar a las personas jurídicas con un impuesto sobre sus bienes inmuebles, y un impuesto sobre sus activos al mismo tiempo, y ni hablar pretender aplicar el primero en base al costo de adquisición ajustado por inflación, sin deducir la depreciación; de la forma que esta planteado, el ajuste por inflación dejaría de tener sentido, pues por una parte el ajuste por inflación contribuye deducir un mayor gasto por concepto de depreciación, mientras por otra parte contribuye a pagar sobre una base mayor el impuesto sobre los bienes inmuebles. Eso es simplemente absurdo.
Un impuesto único para las MIPYMES y las PYMES, tomando en cuenta el capital de trabajo.
Eliminar los aranceles al sector agrícola, e incentivar a la agroindustria considerando como gasto para fines fiscales, el doble del sueldo de los empleados con edad de 18 a 35 años.
Devolver a los turistas que visiten nuestro país el itbis, al momento de regresar a su país de origen.
Con estas medidas, incentivamos la eficiencia del cobro de los impuestos, y dinamizamos los sectores más vulnerables económicamente hablando, como es el caso de las PYMES y el sector agrícola.
Finalmente, recomendamos a la Dirección General de Presupuestos y Crédito Público, el cumplimiento fiel de la ley 423-06 sobre presupuesto y crédito publico, en el entendido de que ninguna institución debe endeudarse mas allá de su presupuesto aprobado.
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