La pieza legislativa, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de la Cámara de Cuentas; facilitar la coordinación interinstitucional; promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y suscitar la transparencia y rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos. 

Dicha ley tiene como objetivos:

1) Establecer el marco general de la Cámara de Cuentas para el ejercicio de sus atribuciones, competencia y funcionamiento institucional como órgano rector.

2) Garantizar la coherencia de las actuaciones de la Cámara de Cuentas con relación a las realizadas por el Congreso Nacional en el marco de fiscalización y control político.

3) Potenciar las capacidades de la Cámara de Cuentas para el desempeño de sus atribuciones en materia de fiscalización y control general de los fondos públicos.

4) Promover la existencia de un sistema unificado y efectivo de fiscalización y control general de los fondos públicos.

5) Garantizar la existencia de mecanismos institucionales para asegurar la adecuada rendición de cuentas, el respeto al principio de legalidad y el uso transparente, eficiente y eficaz de los fondos públicos.

6) Evaluar y determinar la rentabilidad social del gasto y la inversión pública.

7) Elaborar, socializar e implementar el Plan Nacional de Auditoría e Investigaciones Especiales, conforme los lineamientos del Pleno de miembros del órgano fiscalizador.

8) Garantizar el efectivo control ciudadano o social ante la gestión económica del Estado, conforme los derechos de participación ciudadana consagrados en la Constitución y las leyes.