Núñez propuso que en el futuro se pueda crear una mesa de trabajo para articular propuestas sostenibles y que se puedan eliminar los inconvenientes que se han presentado en los territorios.

“Si bien es cierto que nosotros como alcaldes tenemos responsabilidades exclusivas, compartidas y delegadas, no es menos cierto que como gobierno local hemos visto algunas situaciones que realmente ameritaba este encuentro”, dijo en representación de los 158 alcaldes y los 232 directores de distritos, al encabezar una reunión con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la procuradora adjunta Yeni Berenice; el director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

De su lado, la ministra Raful indicó que los alcaldes tienen sus facultades establecidas, así como la tienen la Policía, el Ministerio de Interior y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Migración.

Explicó que un alcalde no está para deportar ciudadanos de otra nacionalidad, ya que es una competencia de Migración, y lo que puede hacer es dar la voz de alerta para que las instituciones competentes lleguen a su territorio hacer lo que le compete.

Así mismo, indicó que lo que tienen que hacer los alcaldes afectados es una denuncia, porque por primera vez, más de 49 miembros de la PN están en manos de la Justicia, y si se comprueba alguna falta, ese agente se somete al Ministerio Público.