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Red Socioambiental Nacional exige redireccionar objetivos del Proyecto de Ley de Aguas

La Red Socioambiental Nacional se declaró en estado de alerta y movilización permanente, y aseguraron darán seguimiento riguroso al curso del proyecto legislativo, promoviendo acciones de vigilancia ciudadana, incidencia institucional y movilización popular. La Red Socioambiental Nacional se declaró en estado de alerta y movilización permanente, y aseguraron darán seguimiento riguroso al curso del proyecto legislativo, promoviendo acciones de vigilancia ciudadana, incidencia institucional y movilización popular.

La Red Socioambiental Nacional manifestó su preocupación respecto al contenido y orientación del Proyecto de Ley de Agua, actualmente en estudio en el Congreso Nacional, específicamente en la comisión especial del Senado recientemente constituida para tales fines.

Explicaron que a pesar de reconocer avances como la inclusión expresa de los recursos hídricos subterráneos, rechazan de forma categórica toda disposición que habilite la mercantilización del agua y su eventual privatización, directa o indirecta.

En ese orden, citaron varios aspectos que consideran son los que debe incluir la Ley General de Aguas, entre estos:

• Reconocer el agua como bien común y patrimonio natural inalienable, no sujeto a apropiación ni comercialización.

• Garantizar el acceso universal, equitativo y sostenible al agua como derecho humano fundamental, tal como ha sido reconocido por la ONU (Resolución 64/292) y múltiples instrumentos internacionales.

• Establecer mecanismos de gobernanza participativa, con la inclusión vinculante de comunidades, campesinos, trabajadores del agua, sectores académicos, movimientos sociales y ambientales.

• Priorizar el uso humano, ecológico y comunitario del recurso hídrico por encima de intereses mercantiles o extractivistas.

En virtud de lo anterior, la Red Socioambiental Nacional exigió la convocatoria inmediata de vistas públicas regionales y populares, antes de cualquier aprobación legislativa.

Además, la eliminación de todo articulado que permita concesiones extensas, derechos reales administrativos o cualquier forma de apropiación privada del recurso hídrico y finalmente, el respeto irrestricto al principio constitucional de inalienabilidad, uso público y función vital del agua.

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