Contraloría detecta violaciones en licitaciones del INABIE y remite hallazgos a la Procuraduría
- Escrito por Mabel Rivas
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- Publicado en Nacional
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Se identificaron indicios relevantes de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes.
La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), presentó este miércoles un informe donde se hallaron violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) durante el año 2024.
En un comunicado informaron que, en virtud de la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
El análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales, que la Contraloría asegura revelan violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas. Así mismo, se detectó una falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
La investigación de la Unidad Antifraude y la DGCP arrojó además, indicios de una posible confabulación entre funcionarios del INABIE y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
Entre las prácticas observadas se encuentran la flexibilización de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles documentales, y la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.
