Gobierno aprueba reglamento para aplicar Ley de Ordenamiento Territorial, 31 meses después de su promulgación
- Escrito por Augusto Valdivia
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Imagen: Fuente externa.
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 396-25 que pone en vigencia el Reglamento de Aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, aprobada el 22 de diciembre de 2022. La normativa llega 31 meses después de promulgada la ley y busca garantizar su implementación efectiva en todo el territorio nacional.
El reglamento crea el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT), que coordina las políticas públicas sobre ocupación del suelo en articulación con los sistemas de planificación e inversión del Estado. Su aplicación será obligatoria para instituciones públicas, privadas y ciudadanía.
Se establecen como instrumentos principales los planes nacionales, regionales, municipales y supramunicipales, además de normas subsidiarias y criterios técnicos que guiarán el uso y manejo del suelo en función de su vocación, riesgos y potencial de desarrollo.
El decreto garantiza la participación ciudadana mediante consultas públicas, cabildos abiertos y plebiscitos locales, promoviendo una gobernanza inclusiva. También activa los Consejos de Desarrollo y las mesas técnicas como órganos asesores para cada nivel de planificación.
Los planes deberán sustentarse en estudios técnicos, diagnósticos territoriales y evaluaciones ambientales estratégicas, y ser publicados en el Sistema Nacional de Información Territorial y el Registro Único de Mejora Regulatoria, garantizando transparencia.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es responsable de coordinar el sistema, validar los planes y sancionar incumplimientos, mientras que los gobiernos locales deberán elaborar sus planes municipales conforme al reglamento.
Con esta medida, el Gobierno fortalece la planificación territorial con un enfoque sostenible y resiliente, dando cumplimiento a la Constitución y a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, luego de casi dos años de espera desde la promulgación de la ley.
