En ese orden, valoró positivamente el esfuerzo realizado por la Cámara de Diputados, para lograr un consenso en torno al proyecto que modifica la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, que luego fue respaldado por el Senado de la República.

“Esta voluntad de diálogo y apertura permitió atender de manera responsable las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, particularmente en lo relativo a la moderación de la contribución anual de las empresas, lo que representa un avance en la construcción de una política ambiental equilibrada y sostenible”, señaló.

De igual forma destacó que conforme a la legislación que se encuentra en vigor actualmente, la recolección de residuos sólidos en los establecimientos está reservada a los gestores autorizados, entre ellos los ayuntamientos, reafirmando el marco legal existente en materia de manejo y recolección de residuos.

En cuanto a los porcentajes obligatorios de utilización de residuos en materiales, reconoció como un paso prudente que estos hayan sido remitidos a normativas técnicas posteriores. “Estas normativas deberán ser construidas mediante un proceso participativo y transparente entre los actores involucrados y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando así criterios técnicos y consensuados para su aplicación”.

Así mismo, Almánzar aclaró que la nueva definición y distancia establecida en la ley aprobada para las plantas de valorización, únicamente aplica a aquellas instalaciones destinadas a la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esta disposición no afecta a las plantas de valorización enfocadas exclusivamente en residuos prioritarios, las cuales continúan regulándose de acuerdo con lo establecido en la ley vigente.