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Abogan por mayores regulaciones a la minería y una nueva ley con controles más estrictos

El vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Enrique de León y el padre Ramón Rogelio Cruz encabezaron la actividad. El vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Enrique de León y el padre Ramón Rogelio Cruz encabezaron la actividad.

El padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León, vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), plantearon la necesidad de establecer mayores regulaciones a la actividad minera en República Dominicana para proteger los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Los planteamientos fueron realizados durante el panel “Luces y Sombras de la Minería”, celebrado en el salón de conferencias Dra. Evangelina Rodríguez de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Pedro de Macorís. Ambos expositores expresaron preocupación por la cantidad de permisos y licencias otorgados para la exploración y explotación minera en el país.

Según indicaron, actualmente existen 210 permisos de exploración, 118 permisos de explotación y cuatro contratos especiales, distribuidos en unos 700 expedientes mineros. Asimismo, señalaron que provincias como Monte Plata, San Juan y Sánchez Ramírez figuran entre las que concentran un mayor número de concesiones mineras, junto a varios proyectos ubicados en la Cordillera Septentrional.

Durante sus intervenciones, los ambientalistas coincidieron en impulsar la aprobación de una nueva legislación minera que incluya restricciones más severas, entre ellas la prohibición de la minería a cielo abierto, la protección de las cordilleras Central y Septentrional, la prioridad del agua sobre las actividades extractivas y la prohibición de proyectos mineros en áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

El padre Rogelio Cruz advirtió que el aumento continuo de las concesiones podría comprometer la biodiversidad y los ecosistemas del país, mientras que Enrique de León sostuvo que la actividad minera y sus pasivos ambientales contribuyen al agravamiento de la crisis climática. Ambos reclamaron una aplicación más rigurosa de las leyes ambientales y una mayor vigilancia estatal sobre las operaciones extractivas.

De León también cuestionó la dependencia del país de los combustibles fósiles y defendió una transición acelerada hacia fuentes renovables de energía. Criticó los proyectos de generación eléctrica a gas natural y expresó preocupación por el impacto ambiental de algunas iniciativas en zonas ecológicamente sensibles, como la Bahía de Manzanillo y los manglares protegidos de esa región. El encuentro fue organizado por la Coalición Ambiental del Este y diversas organizaciones ambientalistas de la región.

 

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Abogan por mayores regulaciones a la minería y una nueva ley con controles más estrictos

El vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Enrique de León y el padre Ramón Rogelio Cruz encabezaron la actividad. El vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Enrique de León y el padre Ramón Rogelio Cruz encabezaron la actividad.

El padre Ramón Rogelio Cruz y el profesor Enrique de León, vocero principal del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), plantearon la necesidad de establecer mayores regulaciones a la actividad minera en República Dominicana para proteger los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Los planteamientos fueron realizados durante el panel “Luces y Sombras de la Minería”, celebrado en el salón de conferencias Dra. Evangelina Rodríguez de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Pedro de Macorís. Ambos expositores expresaron preocupación por la cantidad de permisos y licencias otorgados para la exploración y explotación minera en el país.

Según indicaron, actualmente existen 210 permisos de exploración, 118 permisos de explotación y cuatro contratos especiales, distribuidos en unos 700 expedientes mineros. Asimismo, señalaron que provincias como Monte Plata, San Juan y Sánchez Ramírez figuran entre las que concentran un mayor número de concesiones mineras, junto a varios proyectos ubicados en la Cordillera Septentrional.

Durante sus intervenciones, los ambientalistas coincidieron en impulsar la aprobación de una nueva legislación minera que incluya restricciones más severas, entre ellas la prohibición de la minería a cielo abierto, la protección de las cordilleras Central y Septentrional, la prioridad del agua sobre las actividades extractivas y la prohibición de proyectos mineros en áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

El padre Rogelio Cruz advirtió que el aumento continuo de las concesiones podría comprometer la biodiversidad y los ecosistemas del país, mientras que Enrique de León sostuvo que la actividad minera y sus pasivos ambientales contribuyen al agravamiento de la crisis climática. Ambos reclamaron una aplicación más rigurosa de las leyes ambientales y una mayor vigilancia estatal sobre las operaciones extractivas.

De León también cuestionó la dependencia del país de los combustibles fósiles y defendió una transición acelerada hacia fuentes renovables de energía. Criticó los proyectos de generación eléctrica a gas natural y expresó preocupación por el impacto ambiental de algunas iniciativas en zonas ecológicamente sensibles, como la Bahía de Manzanillo y los manglares protegidos de esa región. El encuentro fue organizado por la Coalición Ambiental del Este y diversas organizaciones ambientalistas de la región.

 

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