El presidente de la entidad, Eliseo Cristopher, explicó que el aumento sostenido de los precios impacta directamente el costo de los materiales de construcción, la mano de obra, los equipos y el financiamiento, lo que dificulta la planificación y ejecución de obras, especialmente para las empresas de menor tamaño. Recordó que entre 2013 y 2019 el país mantuvo una inflación promedio de 2.64 %, lo que favoreció un crecimiento de 10.52 % en la construcción.

Sin embargo, señaló que el escenario cambió a partir de 2020 con la pandemia del COVID-19, que provocó interrupciones en las cadenas de suministro y un fuerte incremento en los costos de los insumos. La inflación alcanzó 5.55 % en 2020, subió a 8.50 % en 2021 y se mantuvo elevada en 2022 con 7.83 %, impulsada además por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque en 2023 y 2024 se moderó a 3.57 % y 3.35 %, respectivamente, aseguró que los costos acumulados continuaron afectando al sector y que en 2025 la inflación se ubicó en 4.95 %.

Cristopher indicó que, pese a la recuperación registrada en 2021, cuando la construcción creció 22.84 % en términos reales, las MiPymes no se beneficiaron de forma equitativa, ya que muchas continuaron enfrentando restricciones de crédito, aumentos en los costos de producción y dificultades para acceder a nuevas contrataciones. Añadió que la actividad constructora se desaceleró posteriormente, con crecimientos de apenas 1.73 % en 2022, 0.83 % en 2023 y 2.11 % en 2024, hasta registrar una contracción de 1.80 % en 2025.

El dirigente empresarial sostuvo que existe una relación directa entre la inflación y el desempeño del sector. Mientras entre 2013 y 2019, con una inflación promedio de 2.64 %, la construcción creció 10.52 %, entre 2022 y 2025, con una inflación promedio de 5.62 %, el crecimiento se redujo a apenas 0.72 %.

Ante este panorama, Copymecon planteó la necesidad de implementar medidas para contener el aumento de los costos de los materiales, ampliar el acceso al crédito productivo, agilizar los procesos de permisología, establecer mecanismos de reajuste de precios en los contratos de obras y garantizar una mayor participación de las MiPymes en la inversión pública y privada, con el objetivo de fortalecer la competitividad y preservar la generación de empleos en el sector.