La decisión fue adoptada durante la primera sesión de trabajo de la comisión, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada además por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

El protocolo establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos para la revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, uniforme y ágil. Así mismo, será de conocimiento público y será remitido a los veedores y a las instituciones comprendidas en la legislación para asegurar su correcta aplicación y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

La comisión informó que dará prioridad a los expedientes que ya se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría General de la República al momento de entrar en vigor la Ley 16-26, con el propósito de acelerar el reconocimiento y pago de las obligaciones pendientes.

Los integrantes del organismo reiteraron su compromiso de avanzar con rapidez en la implementación de la normativa, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los pagos reconocidos por la ley y fortalecer la confianza en la gestión pública.

La Ley 16-26 beneficia a contratistas que ejecutaron obras para instituciones como los ministerios de Obras Públicas y de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras entidades estatales.