Danilo echa para atrás acuerdo sobre Bahía de las Águilas

Tras la presión y el rechazo recibido por diversos sectores de la población el presidente Danilo Medina echó para atrás el acuerdo que se había anunciado la semana pasada para la explotación turística de Bahía de las Águilas.

El mandatario había autorizado el Consultor Jurídico de la Presidencia, César Pina Toribio; y a los ministros de Turismo, Francisco Javier García, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, a anunciar que pretendían negociar con las personas poseedoras de títulos, considerados por diversos sectores como fraudulentos, a fin de viabilizar el desarrollo turístico de la zona comprendida dentro del Parque Nacional Jaragua.

El acuerdo contemplaría que los tenedores irregulares de títulos en la zona recibirían el 45 por ciento de los beneficios de la venta y el Estado el restante 55 por ciento.

Tras el anuncio diversos sectores de la sociedad manifestaron su rechazo a la solución planteada por los funcionarios en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, ya que esos terrenos están en un proceso de litis en la Suprema Corte de Justicia.

También los residentes de Pedernales, provincia en la cual está ubicada la Bahía de las Águilas comenzaron a parte de los beneficios que dejaría la venta de los terrenos y otros iniciaron la ocupación de terrenos.

La decisión de dejar sin efecto el acuerdo la dio a conocer el director de Comunicación, Prensa y Publicidad de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien leyó un comunicado en que dejó clara la preocupación de la actual gestión de gobierno por sacar a los residentes de las provincias de la región suroeste de la miseria, "para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales".

"Se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha, aguardaremos, entonces, un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis. El Gobierno confía en que las jurisdicciones realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos", manifestó Marchena.

Destacó que tras 16 años de litis nadie acepta que no existan sentencia definitivas al respecto.

De igual forma, requiere del procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, asumir la responsabilidad de atender el interés del estado dominicano.

Con la decisión del Poder Ejecutivo se deja sin efecto el poder especial otorgado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para negociar con las personas con "derechos adquiridos".