Diputado del PRD somete proyecto de ley regularía propiedades rurales con vocación agropecuaria
- Escrito por Sanchito Sánchez
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- Publicado en Santa Bárbara de Samaná
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El legislador busca resolver los problemas en que incurren familiares al heredar propiedades con potencial agrícolas. La pieza legislativa exonera los derechos tributarios sucesorales.
El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por la provincia de Samaná Juan José Morales Cisneros, sometió un anteproyecto de ley que tiene como objetivo la regularización de las propiedades rurales con vocación agropecuaria, eximiendo del pago de los derechos tributarios sucesorales.
La iniciativa fue depositada en la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados para ser incluida en la agenda de ese organismo, la cual señala que el agro es uno de los motores impulsores de la economía, y que es necesario el apoyo gubernamental a esta actividad, como medio para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo del sector.
El proyecto modificaría el Artículo 6 de la Ley 2569 de impuestos sobre sucesiones y donaciones de la República Dominicana, para posibilitar que un mayor número de productores pueda tener acceso a préstamos para impulsar la producción sin el requisito actual del certificado de título de propiedad.
El artículo tercero del referido proyecto exime por un periodo de tres años a contar de su promulgación, el pago de los derechos tributarios sucesorales, a todos los terrenos con vocación agropecuaria en todo el territorio dominicano.
De su lado el artículo cuarto indica que para acceder al beneficio de la exención tributaria, los herederos del titular, deberán solicitar un certificado a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), o a quien ésta designe como su representante en cada provincia, donde se verificará, que las propiedades solicitadas estén, al momento de solicitar el beneficio, destinadas a la producción agropecuaria, parcial o totalmente.
El proyecto de la autoría del diputado del PRD, por Samaná, Juan José Morales Cisneros, subraya que la JAD estará facultada para exigir el pago del certificado de exoneración, donde se contemplarán los gastos que ocasiones la emisión del mismo.
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