La propuesta de modernizar la frontera domínico-haitiana mediante la creación de "puertos secos" ha encendido las alarmas en el sector político y comercial del país. Aunque el proyecto se presenta como un avance logístico clave para el comercio internacional, diversas voces advierten que un enfoque puramente corporativo podría destruir el tejido económico que sostiene a miles de familias en las provincias fronterizas.

El debate cobró fuerza tras el pronunciamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya cúpula dirigencial manifestó un firme rechazo a la iniciativa en su formato actual. Según la organización política, el modelo planteado prioriza un esquema de zonas francas operado por grandes élites económicas, relegando a un segundo plano a los comerciantes tradicionales que, durante décadas y con esfuerzo propio, dinamizaron el mercado binacional más activo del Caribe.

El impacto potencial de una reconversión de este tipo no es menor. Datos de las economías locales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales estiman que más de 13,000 comerciantes directos dependen de este flujo fronterizo tradicional.

Al sumar a transportistas, agricultores, suplidores y trabajadores informales, la cadena de valor afecta directamente el sustento de unas 100,000 personas en una de las regiones con mayores vulnerabilidades de la República Dominicana.

Frente a este escenario, los sectores críticos no se oponen de manera absoluta a la modernización tecnológica, sino a la exclusión social. El reclamo principal gira en torno a que la frontera no sea vista únicamente como un canal de paso para la importación y la reexportación de mercancías.

El verdadero desafío del Estado dominicano en la frontera será demostrar que el desarrollo de la infraestructura logística puede caminar de la mano con la protección de la economía popular y la soberanía comercial, permitiendo grandes inversiones sin que esto signifique el desplazamiento o la desaparición de los pequeños y medianos productores locales.