Un país que no confía en sus maestros, ni en sus médicos, termina desconfiando de sí mismo.

El llamado “concurso de oposición docente” nació como un símbolo de transparencia, pero hoy es un laberinto. Maestros con títulos universitarios, con laudem, con maestrías, con años de prácticas y capacitaciones, siguen fuera del sistema porque un proceso burocrático no los “certifica” todavía. Y mientras tanto, las aulas continúan llenas de niños sin docente titular o con personas sin formación pedagógica que entraron por recomendación o contrato. No se trata de rechazar la evaluación, sino de cuestionar el exceso de desconfianza. El Estado invierte millones en formar maestros, pero luego duda de su propia inversión. Si el problema está en la calidad de la formación universitaria, el foco no debe estar en castigar al graduado, sino en revisar los programas, acreditar las universidades y elevar los estándares de ingreso. Lo que no puede seguir pasando es que el maestro se convierta en sospechoso de incapacidad después de haber cumplido cada requisito que el mismo sistema le impuso.

En países donde la educación es prioridad real —como Finlandia, Canadá o Reino Unido— el título de maestro basta para ejercer con dignidad. Aquí, en cambio, el docente debe seguir demostrando lo que ya demostró, como si la vocación necesitara un sello adicional para ser válida.

Detrás de cada maestro rechazado hay una historia: la madre que a los cuarenta años volvió a estudiar porque quería enseñar en la misma escuela donde aprendió; el joven que trabajó de noche para pagar su matrícula; el profesor que, después de aprobar el concurso, lleva dos años esperando su nombramiento; o la maestra que enseña en su comunidad de manera voluntaria, porque la vocación no se le apaga aunque el Estado la ignore. Ellos no son cifras: son la conciencia viva del país. Son los que siguen creyendo en la educación, incluso cuando la educación parece haber dejado de creer en ellos.

Cada año, el Ministerio de Educación declara déficit de docentes. Cada año, las aulas se llenan de estudiantes y los maestros deben asumir tres o cuatro asignaturas sin asistente, sin recursos y sin apoyo psicológico. Pero, al mismo tiempo, miles de docentes habilitados y graduados siguen esperando nombramiento. El discurso oficial dice que “sobran maestros en unas áreas”, mientras las universidades continúan graduando en esas mismas especialidades. Y aquí aparece el otro gran problema: la falta de articulación entre el sistema universitario y el sector educativo. Las universidades no informan al Ministerio cuántos estudiantes cursan educación por área, cuántos se gradúan y en qué provincias. El Ministerio, a su vez, no regula ni orienta la apertura o cierre de carreras según la demanda nacional. El resultado es un descontrol: jóvenes formados que no encuentran dónde enseñar y comunidades enteras sin maestros. Eso no es falta de oportunidades; es ausencia de planificación.

Nosotros, los maestros, no pedimos privilegios: pedimos respeto. Pedimos que se reconozca que detrás de cada título hay madrugadas de estudio, préstamos universitarios, hijos esperando y una fe que se niega a morir. Queremos un sistema que confíe en nosotros tanto como nosotros confiamos en la educación. Queremos un Estado que entienda que la vocación no se mide con un examen, que la empatía, la paciencia y el compromiso no caben en un formulario. Porque enseñar no es un trámite: es un acto de servicio público, de amor y de país.

Ser maestro en la República Dominicana es resistir con dignidad. Es sostener la esperanza cuando faltan recursos, enseñar con el alma cuando no hay materiales y creer en la transformación cuando el entorno no ayuda. A pesar de la desmotivación, la escuela sigue en pie gracias a ellos: a los que no se rinden, a los que ven en cada niño una oportunidad para cambiar una historia. Pero mientras los verdaderos maestros esperan, el sistema premia la improvisación. Y eso es lo más doloroso: ver cómo el mérito es desplazado por el favor y la vocación por la política. El país no sufre falta de maestros; sufre exceso de desconfianza.

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y las universidades deben trabajar juntos. Debe existir una mesa de planificación nacional que defina la cantidad de docentes requeridos por nivel, región y especialidad, para evitar la sobreproducción académica y la subutilización profesional. Y, sobre todo, debe establecerse una Ley de Dignificación y Acceso Docente que garantice nombramientos automáticos a egresados con excelencia académica y habilitación docente, evaluaciones de desempeño dentro del ejercicio, observatorios provinciales de demanda docente, plazos obligatorios para los nombramientos y sanciones para la manipulación política de los concursos. El país no puede seguir gastando dinero formando maestros que nunca llegan al aula. Eso no es gestión; eso es desperdicio nacional.

La educación y la salud no deberían esperar turno. Ningún maestro debería rogar por una plaza, ni un médico por un nombramiento. En un país que se respete, las plazas no se buscan: esperan con los brazos abiertos a quienes las merecen. Porque un Estado que obliga a sus educadores y a sus médicos a concursar, a mendigar una oportunidad o a comprar un puesto, ha perdido el sentido de lo humano y lo esencial. Si no existen plazas suficientes, el Estado debe crearlas. Porque un país sin educación y sin salud es un país sin existencia real: es una bandera sin futuro, una patria sin pulso. Los maestros y los médicos no son empleados comunes: son los cimientos morales de la nación. Cuando ellos sobran en las calles y faltan en las instituciones, lo que está en crisis no son sus profesiones, es el alma del país.

A veces uno se pregunta si quienes hoy gobiernan —quienes diseñan políticas educativas desde un escritorio o firman decretos desde un aire acondicionado— recuerdan lo que es ser maestro de verdad. Muchos de ellos lo fueron alguna vez, otros dicen serlo todavía, pero parece que han olvidado el sacrificio que eso implica. Parecen creer que complicar las cosas es la manera correcta de dirigir, que llenar de papeles lo que debería llenarse de respeto es una forma de eficiencia.

Ser maestro en este país duele. Duele la garganta de tanto hablar, el estómago de tanto aguantar, los nervios de tanto estrés y la sonrisa de tanto fingir que todo está bien.

Y aun así, seguimos sonriendo.

Porque un maestro de vocación no enseña por el salario, sino por los ojos de un niño que aprende algo nuevo cada día.

Hay maestros que dedican más tiempo a los hijos de los demás que a los suyos propios. Otros que, sin tener hijos biológicos, sienten que cada estudiante lo es. Y, sin embargo, esos mismos maestros son criticados, ignorados o tratados como si su esfuerzo no valiera nada. Unos dicen que ganan mucho sin hacer nada; otros los ven como simples guardianes de aula. Pocos entienden que ser maestro es dar la vida todos los días sin hacer ruido.

Y duele más cuando un joven, inspirado por su maestro, estudia educación, se gradúa con esfuerzo, se habilita con orgullo y luego se topa con un muro político, con un concurso sin sentido o con un sistema que prefiere mantenerlo fuera. Entonces uno se pregunta: ¿para qué tanto sacrificio, si todo depende de un papel o de una bandera? Hacer pruebas no está mal; lo que está mal es que la oportunidad de servir dependa solo de ellas. Porque cuando el mérito se vuelve obstáculo, el país pierde más que un maestro: pierde un pedazo de su futuro.

La educación dominicana necesita más que concursos: necesita coherencia, articulación y respeto. Necesita que el Estado deje de mirar al maestro con sospecha y lo vea como lo que realmente es: el constructor silencioso del futuro nacional. Si el sistema no confía en sus maestros, ¿en quién confía? Si el cuatro por ciento no alcanza para dignificar la enseñanza, ¿de qué sirve presumirlo? Si el maestro formado debe seguir esperando un concurso, entonces no tenemos un sistema educativo: tenemos un laberinto. Y mientras ese laberinto siga existiendo, el país seguirá buscando salidas donde lo que falta no son puertas, sino voluntad.

La educación no se rescata con exámenes ni decretos. Se rescata cuando el Estado, las universidades y la sociedad entienden que confiar en un maestro es el primer paso para volver a creer en el país.