Un consejo sano sobre el Consejo Ministerial de Cultura

Por Etzel Báez

El slogan de "hacer lo que nunca se ha hecho" no debería llevarnos a una carrera desenfrenada por querer cambiarlo todo, no podemos volvernos locos y poner al país con los pies para arriba de la noche a la mañana, sobre todo si con ello violamos las leyes.

El Ministerio de Cultura ha creado dos mecanismos estructurales que están fuera de la Ley 41-00, el Consejo Ministerial de Cultura (o Consejo Consultivo de Cultura) y el Gabinete de Cultura.

Mi buen amigo Giovanny Cruz ha citado entre los honorables integrantes del Consejo Ministerial de Cultura (o Consejo Consultivo de Cultura) a los señores Marcio Veloz Maggiolo, Freddy Ginebra, Luis José López, Natacha Sánchez, Carmen Heredia, José Mármol, Víctor Víctor, Manuel García Arévalo, Giovanny Cruz, José del Castillo y Bernardo Vega.

No se tiene claro si este Consejo representa una estructura formal del Ministerio de Cultura o si se trata simplemente de una sociedad de amigos interesados en ayudar de manera honorífica al Ministro de Cultura.

En el primer caso, se trataría de un organismo ilegal, ya que la Ley de Cultura no lo contempla, en el segundo caso, no debe haber pago de por medio, por lo que sus integrantes no deben recibir salarios ni ningún otro tipo de compensación económica por esta labor.

Con relación al Gabinete de Cultura ocurre lo mismo, si esto consistiera en reuniones de trabajo del Ministro con sus encargados de áreas y directores, parecería muy bien, pero en tal sentido, la figura de un Jefe de Gabinete, distinto al Ministro, carece de legalidad por lo que el salario que se le paga no tiene justificación alguna.

Según la Ley 41-00, las únicas estructuras decisorias y consultivas del Ministerio de Cultura son el Consejo Nacional de Cultura, (que tiene su propia estructura y representatividad institucional) y los Consejos Provinciales y Municipales de Cultura.

Cualquier otra cosa es invento, de consecuencia legal.

En estos tiempos de libre acceso a la información, donde cualquier ciudadano tiene derecho a pedir datos financieros a los organismos del Estado, y éstos están obligados por ley a darlos, es bueno evitar que nombres respetables de nuestra sociedad resulten perjudicados en su buena fe, y sobre todo, que puedan servir de excusa para avalar con sus nombres y presencias, situaciones de las que no tienen control ni información.