Vargas Maldonado no retiró querellas; les fueron rechazadas

El presidente de Partido revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, no retiró la querella que había presentado contra Menín Cuevas, alcalde del municipio de Tamayo,  por su alegada responsabilidad en los incidentes ocurridos el 27  de enero de este año en la Casa Nacional de la organización, sino que la misma fue desestimada por la  Corte de Apelación del Distrito Nacional.

La aclaración la hizo el abogado Antoliano Peralta Romero, quien explicó que la querella fue desestimada mediante el auto número  43-2013, de fecha 13 de agosto del año 2013, suscrito por Carmen Alardo Peña, Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Con la aclaración queda desmentido el anuncio de Vargas Maldonado en el sentido de que había dispuesto el retiro de la querella  contra el alcalde Cuevas, como un gesto de conciliación y buena voluntad para propiciar la unidad del PRD.

Peralta Romero que el caso que el caso de Cuevas fue conocido ante la Procuraduría de la Corte de Apelación, en razón de que su condición de alcalde le otorga una  jurisdicción privilegiada.

Por otro lado, Peralta Romero informó que mediante otro auto marcado con el No. 42-2013, también de fecha 13 de agosto del 2013, fue dispuesto el archivo definitivo de una segunda querella aparentemente estimulada por Miguel Vargas contra el alcalde del municipio de Tamayo; Menín Cuevas, para la cual se usó el nombre de Keila Lisbet Figuereo Feliz, por supuesta violación de varios artículos del Código Penal y de la Ley 36, sobre porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El auto dispuesto por la Magistrada Procuradora en su parte dispositiva dice lo siguiente: "PRIMERO: disponer, como al efecto disponemos, el archivo definitivo de la querella interpuesta por los licenciados Edison Joel Peña y Eduardo Anziani Zabala, en representación de la señora  Keila Lisbet Figuereo Feliz, en contra del señor Menín Cuevas, por supuesta violación de varios del Código Penal Dominicano y de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, por ser insuficientes las pruebas presentadas al Ministerio Público.