La Red Dominicana de Recicladores ( REDDORE),  entidad que agrupa a los recicladores y recicladoras de la República Dominicana, llamó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente a elaborar una política  para el manejo de  residuos sólidos,  que sea  realmente integral, en la cual se defina  la participación  de los ayuntamientos , los empresarios,  los recicladores   y otros sectores del país  vinculados al manejo de los desechos.

Gildaliza Ventura Ramírez, coordinadora  nacional de REDDORE dijo que el manejo y gestión de los desechos sólidos se ha convertido en nuestro país, al igual que en la mayoría de las naciones del mundo, en un  problema fundamental  para la higiene, la salud y el medio ambiente, pero igualmente   para el desarrollo de la economía y la generación de empleos por medio del reciclaje  de gran parte de los desechos que hoy se depositan en los basureros o que permanecen desparramados en las calles de nuestras ciudades convertidos en focos de infección y generación de enfermedades.

Para que la opinión pública conozca el potencial existente en la basura que  se recoge en nuestro país y simplemente se vota en los basureros,   les informamos que según los estudios realizados tenemos la posibilidad de recuperar y reciclar el 51 por ciento de cada una de las 11 mil  toneladas de basura que diariamente  se recoge en el país y que, con una política integral y participativa sobre este sector, podríamos producir  y exportar insumos para su reutilización por la industria que en solo 3 años podrían superar los 200 millones de dólares y generar más de 10 mil empleos directos e indirectos.

Debe considerarse además, el impacto  que tendría el correcto manejo de los desechos sólidos en la disminución y control de problemas tan preocupantes y molestos  para toda la sociedad, como es  la existencia de vertederos que son fuente permanente de infecciones y daños al medio ambiente, así como la  tragedia social  que  representa la situación de miles de personas que trabajan como buzos recogiendo desperdicios en los vertederos con riesgos para su salud y sus vidas y que tienen derecho a ser parte de un sistema organizado que les permita trabajar  en el área de desechos sólidos  con los derechos y garantías necesarios en una sociedad civilizada.

La falta de una política integral  para el manejo de desechos sólidos  reduce las posibilidades de ese gran potencial económico existente en ese sector, mediante el reciclaje de los mismos, a la exportación de solo 23 millones de dólares anuales, que es una suma irrisoria si se toman en cuenta las reales posibilidades de explotación del reciclaje de los desechos sólidos.

Estamos de acuerdo que en el país se han dado algunos pasos conducentes a la elaboración  de una política hacia este sector, pero la inconsistencia e indefiniciones en las mismas conducen a la exclusión de sectores  tan fundamentales como los recicladores, que ya somos miles en el país y estamos organizados en  una Red Nacional, así como aprovechar en  beneficio de la economía nacional las grandes posibilidades existentes en el reciclaje de los desechos.

En ese sentido destacamos las recientes declaraciones  del   señor Max Da Silva,  gerente de operaciones del vertedero Duquesa,  y representante de la empresa Lajun Corporación, en   las que señala que política de manejo  de residuos sólidos, que se está aplicando,  únicamente le pide la contratación de dos empresas:  una para el reciclaje de los desperdicios,  y otra para la desgasificación del vertedero;  pero no específica la metodología que se piensa aplicar para organizar a los recicladores de tal forma que los mismos puedan cambiar la situación de miseria en la que viven y beneficiarse un poco del proceso de modernización y desarrollo que vive el país.

REDDORE apoya  la política de incremento a 5 dólares por tonelada de residuos sólidos depositada por los ayuntamientos en los diferentes vertederos del pais;  pero pedimos que las políticas aplicadas tomen en cuenta la huella ecológica que generan las grandes empresas, para que la medida de las mismas sean incluidas,  como un impuesto,  dentro del cumplimiento de pago de cada tonelada que se recoja en el país-