Cancillería se contradice en autorización de matrimonio gay en Embajada Británica

En una nota contradictoria, al parecer con la intención de ser complacientes ante la alta jerarquía de las iglesias católica y evangélica y sectores conservadores que se oponen al matrimonio de personas de un mismo sexo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) aclaró que no autorizó la celebración de una boda entre dos hombres que se realizó recientemente en el consulado del Reino Unido en el país, ya que sería una violación a la Constitución de la República. El organismo rector de la política exterior dominicana se apresuró a hacer una aclaración innecesaria, pues, no se conoce que algún sector político, o denominaciones religiosas haya acusado a las autoridades de autorizar este tipo de bodas no contempladas en las leyes dominicanas, salvo comentarios en las redes sociales de personas que ignoran que el acto se realizó en territorio extranjero, de acuerdo a la citada Convención y como dice la Cancillería más adelante porque "no hay ningún obstáculo legal .

La nota de la Cancillería, agrega, y ahí viene lo contradictorio, que lo sucedido en esa legación diplomática se inscribe en las leyes de esa nación como lo establece la Convención de Viena, por lo cual, establecemos, no tenía que contar con la autorización del gobierno dominicano.

Las razones las explica el mismo parte noticioso del MIREX cuando le atribuye al vocero del MIREX, Miguel Medina, precisar que "el matrimonio que se llevó a cabo en el referido consulado entre un ciudadano británico y otro de origen dominicano, se ha basado en las disposiciones legales del Reino Unido que así lo permiten", ya que -añade- según la Convención de Viena "toda embajada es territorio de la nación que representa".

Entonces, reiteramos, la Cancillería no tenía que autorizar el indicado matrimonio, pues, no se realizó en territorio dominicano, sino en el marco de "las leyes de esa nación" y en su legación bajo el amparo de la Convención de Viena, que el mismo MIREX reitera establece que "toda embajada es territorio de la nación que representa".

Lo que debió limitarse a aclarar la Cancillería, si era necesario (seguir leyendo)