PGR investigará informe rendido por comisión de licitación Puna Catalina

La procuraduría investigará el informe de la licitación a Punta Catalina, así lo anunció al fiscal general, Jean Alian Rodríguez a los miembros de la comisión, los que entregaron éste lunes su informe sobre las investigaciones.

Rodríguez, dijo que esta investigación de más de seis meses de la comisión, será evaluada y ponderada y en su momento tomaremos las decisiones de lugar en torno al proceso de Punta Catalina, de cuya primera parte ya hay varios detenidos con medidas de coerción.

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La comisión encabezada por Agrípino Núñez Collado, el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; el presidente del CONEP, Pedro Brache; José Corripio Estrada, Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista; el exvicepresidente de la CDEEE, Celso Maranzini, Jaime Aristy Escuder, experto económico; Servio Tulio Castaños Guzmán, de la FINJUS, y Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, entregó su informe con sus recomendaciones.

Dentro de las recomendaciones de la comisión, está entre otras, modificar la Ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, al carecer de elementos que pudiesen incrementar la capacidad de éste de obtener mejores resultados en dichos procesos. El informe recoge recomendaciones puntuales de reforma a dicha Ley.

Considera además, que la actual ley pone en desventaja al Estado en su capacidad de negociar mejores condiciones y precios en comparación con la capacidad que tienen las empresas privadas cuando licitan la compra de bienes y servicios o la contratación de determinadas obras.

Otra recomendación fue la de propiciar que un Comité de Licitación no cuente con una mayoría de miembros que trabajen en la institución licitante para así lograr una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento a las acciones de su dirección.

En lo referido a la ejecución de la obra, la Comisión propone que se determinen las verdaderas razones del retraso de las obras y proceder como corresponda, así como no aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido en el precio contratado para obra (US$1,945 millones).

También plantea necesario terminar la obra dada la cuantiosa inversión realizada y así evitar daños y pérdidas cuantiosas adicionales para el Estado. Y tomando en consideración el costo que podría significar en términos de garantías, montos económicos y duración de la obra, la Comisión recomienda analizar la continuidad o no de Odebrecht al frente con base en una serie de requisitos que son necesarios para hacer viable tal medida y que están enumerados en el informe.

La Comisión que emite el informe sugiere también al Estado negociar para que los terrenos pasen a ser de su propiedad, debido al nivel de inversión pública realizado en Punta Catalina.

Encontraron que el contratista y algunos miembros de la CDEEE justifican los atrasos de los trabajos en el hecho de que el Estado incumplió el cronograma de pagos. Sin embargo, la Comisión no está convencida de la validez de dichas justificaciones y alerta sobre el hecho de que esa situación podría incrementar los costos del proyecto.

Por otro lado, las investigaciones dedujeron que el Estado ha sobre avanzado  pagos por los trabajos contratados y completados.

Los montos de cada hito de la obra se calcularon sobre la base del precio ofertado (US$2,040 millones) y no del monto finalmente pendiente de pago (US$1,795 millones), obtenido luego de haber descontado US$150 millones avanzados con respecto al precio final contratado (US$1,945 millones).

Ese sobre avance efectuado hasta la fecha equivale a un 13.69% más de lo que se debió haber pagado y equivale a un pago por adelantado.