Con la iniciativa de ley se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual hasta el momento funciona mediante el decreto 1128-03, con la finalidad de ejercer la regulación, inspección, vigilancia y control de las actividades de vigilancia y seguridad privada, así como de las empresas y personas físicas habilitadas para su prestación.

La propuesta legislativa, de la autoría de la diputada Lourdes Josefina Aybar, establece además que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y ser demandado, adscrito al Ministerio de Defensa.

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es el órgano superior, que queda integrado por siete miembros y son los siguientes:

1) El Ministro de Defensa o su representante, quien lo presidirá;

2) El Ministro de Interior y Policía o su representante;

3) El Ministro de Trabajo o su representante;

4) El Procurador General de la República o su representante;

5) El Director General de la Policía Nacional o su representante;

6) El superintendente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien tendrá voz, pero no voto.