Familias esperan condenas y sanciones contra autores de fraude inmobiliario en Baní

La apelación fue presentada por las familias en contra de la decisión dada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del D. N., que les excluyó del proceso, no obstante haber sido reconocidos por el Séptimo Juzgado de la Instrucción como los reales dueños de las acciones de la citada empresa, por lo tanto, las víctimas del fraude.

Las familias propietarias de un inmueble de más de 6 millones 300 mil metros cuadrados en zona de playa en la comunidad de Sabana Buey, provincia Peravia, con vocación turística, expresaron que han pasado más de 5 años desde que se presentaron querella en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez, y la sociedad Global Multibusiness Corporation. Dijeron además haber vivido el cambio de 5 fiscales investigadores en relación con su caso 

Señalaron haber demostrado que son los accionistas reales y legítimos de Costa Dorada, a través de sus empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd., declararon tener el libro de acciones originales, la posesión del inmueble, el certificado de título de propiedad inmueble, los recibos y formularios de pago de impuestos de la sociedad por décadas, el testimonio de personas que afirman no haber vendido sus acciones a quienes pretenden ser dueñas de las mismas y así apropiarse del inmueble, entre otras pruebas más.

Por otra parte, dijeron que aquellos que pretenden ser los actuales propietarios de las acciones de Costa Dorada desprenden sus supuestos derechos de dos contratos concertados con Luis Américo Minervino Ducoudray, los cuales fueron suscritos el 20 de febrero del 2014, mientras que Minervino, de acuerdo con acta de defunción emitido por la Junta Central, falleció el 2 de febrero del 2010, es decir, 4 años antes. 

Según la documentación en este fraude hubo todo tipo de delitos: falsificaciones de firmas de personas fallecidas, falsificaciones de firmas de notarios, uso de nombres y cédulas de personas para colocarlas como supuestos accionistas, creación de historial societario ficticio, entre otras infracciones.

Así mismo también dijeron esperar que los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación apoderadas del recurso de apelación parcial, contra el acto de apertura del Juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, respeten los precedentes de tutela judicial establecidos tanto por la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, que han reiterado que toda decisión que pone fin al proceso puede ser objeto de un recurso, como en la especie sucede en el caso de estas familias víctimas del fraude documental.

Llamaron la atención de los jueces que están conociendo el caso y a todas las autoridades judiciales, en general, expresando que no permitan que una mala decisión sea instrumento para el fraude, para despojar a los legítimos propietarios de sus bienes, para impedir a las víctimas de los crímenes y delitos el acceso a la justicia y para atentar contra la seguridad jurídica, la libre empresa y la inversión privada en la República Dominicana.