Cada sentencia del Tribunal Constitucional le sale al país 4.4 millones de pesos

Es por este motivo que la organización considera a dicha corte como inoperante e infuncional.

Explicó, por medio de un comunicado de prensa, para hacer el cálculo del costo se realizó un análisis comparativo realizado por la entidad que lucha contra la corrupción y la institucionalidad del país, a partir de la asignación presupuestaria establecida en el presupuesto del 2012 de 150 millones de pesos, que dividido en 12 meses a 12.5 millones, ejecutado de enero a mayo la suma de 62.5 millones, distribuidos en la actividad laboral del TC, cuyo resultado se verifica en 14 sentencias, al dividirse da como resultado 4. 4 millones por sentencias.

Adocco comparó las decisiones del la alta corte nacional con su par de Sala Constitucional de Costa Rica, que de enero al 30 de marzo del 2012 lleva 4209 decisiones constitucionales, que tomando la frecuencia del primer trimestre, en los meses de abril y mayo estimamos que deberá sobrepasar las dos mil sentencias.

Refirió que el tribunal centroamericano en 2011 finalizó con 16,282 sentencias que versan sobre amparo y recursos de inconstitucionalidad.

Para el coordinador general de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, debe ser vergonzoso para “este mal engendro del Tribunal Constitucional”, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia le hizo entrega de 309 expedientes, introducido por la vía directa y que a la fecha solo hayan producido 14 decisiones.

Desglosa decisiones. Indicó que de las decisiones evacuadas por el Tribunal Constitucional  6 versan sobre el Control Preventivo de Constitucionalidad, que podría ser tarea de cualquier imberbe abogado curioso del Derecho Constitucional; 5 sentencias declarando la inadmisibilidad de las acciones; 2 acogiendo parcialmente el recurso y una sola sentencia a favor de una amparista conviviente notoria de un exmiembro de las Fuerza Armadas.

 “Constituye un absurdo que el Tribunal Constitucional, no haya tenido la nobleza de decidir sobre recursos a nuestro juicio de importancia como el sometido por el Doctor Julio Aníbal Suárez Dubernay contra el acta del Consejo Nacional de la Magistratura que lo destituyó como juez de la Suprema Corte de Justicia el elevado por ciudadano y miembro de Ciudadanos Contra la Corrupción Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra el Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos Públicos del 2011; y  los promovidos por el ex banquero Ramón Báez Figueroa y el Banco Intercontinental contra una resolución de la Junta Monetaria, del año 2003, así como los recursos de los ex banqueros Manuel Arturo Pellerano, Juan Felipe Mendoza y compartes, en contra del artículo 303 párrafo último de la ley 76-02 del Código Procesal Penal y uno contra los artículos 422 y 426 del Código Penal Dominicano, y otro contra la ley sobre el recurso de amparo”, dijo el vocero de la entidad.

Pidió al presidente electo Danilo Medina que reflexione sobre la necesidad de someter a la Asamblea Nacional la modificación de la Constitución a los fines de replantear la pertinencia del funcionamiento de las incipientes altas cortes.