Abogados recurren decisión Corte de Apelación de Trabajo de San Cristobal

Los abogados defensores de los obreros haitianos que reclaman las prestaciones laborales a un empresario coquero, recurrieron por inconstitucional este martes ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de la Corte de Apelación de Trabajo de San Cristóbal, ya que para proceder a cumplir con la misma se exige a los labriegos pagar una fianza de tres millones de pesos, como medidas precautorias para proteger los bienes que le embargarían a Rafael Emilio Alonso Luna, cuyo tribunal laboral, ordenó mediante sentencia un embargo por 30 millones de pesos a favor de los nacionales haitianos.

Según la Corte de Trabajo de San Cristóbal, para que se pueda realizar el embargo al empresario presidente de Coquera Real, del kilómetro cinco de la carretera Sánchez, los peladores de cocos deberían depositar el diez por ciento del contenido de la ordenanza que ordena embargo por un monto de 30 millones de pesos, que son unos tres millones, pero que los nacionales haitianos no tienen esos recursos.

Los letrados Carlos y Lucas Sánchez Díaz, recurrieron la decisión ante la suprema corte de justicia por entender que es inconstitucional, ya que obliga a los trabajadores a realizar el depósito de una fianza por el monto de tres millones pesos que representa el diez por ciento del valor total del embargo que son 30 millones de pesos, como requisito para proceder embargo en contra de Rafael Emilio Alonso Luna.

Explicaron que esa decisión de la corte de trabajo de San Cristóbal, en ese aspecto "nos retrotrae a épocas que creíamos superadas por la justicia dominicana; cuando los extranjeros transeúntes tenían que depositar una fianza para poder acceder a la justicia, según lo establecía el artículo 16 del Código Civil dominicano el cual fue declarado inconstitucional".

Sánchez Díaz, dijeron que el recurso de casación busca que la Suprema Corte de Justicia revoque la decisión del juez presidente de la Corte de Trabajo de San Cristóbal, Juan Procopio Pérez, que establece el depósito de los tres millones de pesos como garantía de los bienes que podrían serle embargado al empresario coquero .

Por otra parte y en recordación de los cuarenta días que se mantuvieron en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo, cerca de un centenar de los haitianos acompañados por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CENUS), encabezado por la su presidenta Eulogia Familia, el presidente municipal del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, en Haína, Juan José Mercedes, el vocero de la Organización Nacional de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, (los Defensores) Jonathan Báez, volvieron  a ocupar por varias horas el frente del Ministerio, para demandar el cese de la discriminación laborar en perjuicio de los trabajadores, cuyo ministerio se mantiene indiferente ante esa situación.

Los haitianos se marcharon del lugar, luego que la ministra Maritza Hernández, recibió una comisión encabezada por los abogados y la sindicalista, quienes entregaron un documento en el cual le piden que investiguen los cierres indiscriminados de empresas con los cuales empresarios inescrupulosos buscan desconocer los derechos de los trabajadores, tanto nacionales como haitianos en República Dominicana.