FTJ propone modificación a reforma policial
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- Publicado en Santo Domingo de Guzmán
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![Trajano Vidal Potentini.](/media/k2/items/cache/f2429130dc7ff23d7562cc84272ad588_L.jpg)
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presentó a la Comisión Revisora del Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, del Senado de la República, un informe-resumen analítico de esa pieza en el cual corrobora su respaldo a las modificaciones introducidas por el presidente Danilo Medina al proyecto original.
Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad, reafirmó su compromiso personal e institucional de colaborar con la institucionalidad nacional, reconociendo la labor congresual que se ha caracterizado en los últimos años por el respeto indeclinable de la pluralidad.
En el informe de que se trata, la FJT analiza y propone algunas recomendaciones que a su juicio mejorarían el Proyecto, si el Senado de la República lo considera oportuno, incluyendo específicamente consideraciones acerca de: las atribuciones del Consejo Superior Policial, la incompatibilidad del cargo de Director General de la Policía Nacional, la dirección "legal" del Ministerio Público acerca de las investigaciones. Asimismo, lo relativo al registro balístico, donde proponemos ampliarlo para incluir armas civiles y contener la prohibición expresa de uso de otras armas diferentes a las asignadas por parte de los miembros de la institución policial.
Otros temas relevantes tratados en el informe contemplan lo relativo al reglamento para tratar detenidos, que a grandes rasgos se considera innecesario dado que tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal disponen con precisión todo lo relativo al debido proceso, con directrices claras sobre el "tratamiento del detenido" y cuáles son los derechos de los imputados.
De acuerdo a Potentini, como parte de las recomendaciones generales del proyecto, debe reconfigurarse el sistema propuesto para la rendición de cuentas anual que debe hacer la Policía Nacional, especificándolo como un deber del Director General –dado que es la persona autorizada a ejecutar el presupuesto institucional– y realizado siguiendo criterios normativos de transparencia y acceso a la información que contemplen menciones contables detalladas.
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