Regidores citan mediante acto de alguacil a alcalde de Santo Domingo este

La crisis que conmociona al Ayuntamiento de Santo Domingo Este se ha acentuado aún más esta semana, luego que un grupo de concejales del Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), intimara, mediante acto de alguacil, al alcalde Juan de los Santos para obligarlo a ejecutar "en un plazo de 15 días" dos resoluciones del Concejo de Regidores que le ordenan respetar los accesos a estacionamientos de varios establecimientos comerciales de la avenida Venezuela.

En caso de que De los Santos incumpla ese requerimiento, los concejales le han advertido que "le constreñirán a hacerlo por todas las vías que la razón y el derecho pone en sus manos".

Esa advertencia allana el camino rumbo a un pleito judicial en el que se verían involucrados un grupo de regidores y el alcalde.

La intimación a de los Santos fue hecha el pasado día lunes 16 de junio por los regidores perredeístas José Antonio Trinidad Sena, Fernando Arturo Ramírez Quiñones, Fanny Yudelka Santana, Robert Arias y Derlin Castillo.

Copia de esa notificación fue entregada a Ciudad Oriental por los concejales actuantes.

A de los Santos el alguacil le entregó copias íntegras de las resoluciones 30-13 y 15-14, dictadas por el Concejo de Regidores el diez de octubre del pasado año y el cinco de junio de 2014, respectivamente.

La Resolución No. 30-13 preserva los derechos de los establecimientos de varios negocios de la avenida Venezuela "como de igual forma desautoriza a la Administración Municial o a quien a esto deleguen colocar pilotillos o cualquier otro objeto que impida el acceso a los establecimientos que cumplen con los requisitos de parqueo".

El alcalde de los Santos se ha opuesto a cumplir esa resolución, a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo falló a favor de al menos uno de los afectados.

Hace dos semanas, la Sala capitular emitió la resolución No. 15-14 que le ordena al alcalde cumplir la resolución 30-13.

El sindico de los Santos, al parecer está dispuesto a afrontar una indeterminada cantidad de pleitos judiciales y a enfrentar directamente a los empresarios afectados, varios de los cuales ya han visto quebrar sus establecimientos.