Cuando el ayuntamiento deja de gobernar para administrar favores

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios concibió los gobiernos locales como la expresión más cercana de la democracia. No imaginó alcaldías convertidas en estructuras de recompensa política ni presupuestos utilizados como instrumentos de fidelización electoral. Su espíritu es otro: promover la participación ciudadana, la planificación, la transparencia y el desarrollo sostenible del territorio.

Sin embargo, en demasiados municipios dominicanos la realidad parece haber tomado un camino distinto.

Con frecuencia, el presupuesto municipal deja de responder a las verdaderas necesidades colectivas para atender prioridades políticas. Mientras hay drenajes colapsados, cementerios abandonados, mercados deteriorados y parques sin mantenimiento, aparecen recursos para nóminas infladas, empleos sin funciones claramente definidas, ayudas selectivas, contrataciones de conveniencia y proyectos de alto impacto visual pero de escaso impacto social.

No siempre se gobierna pensando en el municipio; muchas veces se administra pensando en la próxima elección.

El clientelismo tiene una característica peligrosa: convierte los derechos en favores. El ciudadano deja de sentirse titular de un derecho y comienza a verse obligado a agradecer aquello que ya había pagado con sus impuestos. Así, la relación entre el Estado y la sociedad deja de basarse en la institucionalidad para descansar sobre la dependencia.

La consecuencia es devastadora. El presupuesto municipal, que debería ser una herramienta para cerrar brechas de desarrollo, termina fragmentándose en múltiples decisiones individuales cuya rentabilidad política supera ampliamente su utilidad social. El resultado es un municipio que luce activo, pero avanza poco; que en ocasiones  inaugura mucho, pero transforma poco.

La Ley 176-07 ofrece una salida clara a esta realidad: la participación ciudadana.

El Presupuesto Participativo Municipal no fue concebido como un simple requisito administrativo ni como una ceremonia anual para cumplir formalidades legales. Su verdadero propósito consiste en que las prioridades del municipio sean definidas colectivamente por quienes viven sus problemas todos los días.

En los municipios pequeños, esta herramienta representa una oportunidad extraordinaria.

Imagínese una mesa donde, además del alcalde y los regidores, participen activamente las juntas de vecinos, asociaciones de agricultores, comerciantes, iglesias, clubes deportivos, organizaciones juveniles, representantes de mujeres, profesionales y demás sectores organizados del municipio. Allí las decisiones dejarían de responder únicamente a la voluntad política de una administración para convertirse en acuerdos construidos desde las necesidades reales de la comunidad.

Quizás entonces descubriríamos que la prioridad no era construir otro monumento, sino garantizar agua potable; que antes de levantar una plaza había que resolver el problema del vertedero; que antes de pintar contenes era urgente rehabilitar caminos vecinales; que antes de crear nuevas oficinas era necesario fortalecer los servicios básicos que la ley asigna a los gobiernos locales.

La buena administración municipal no consiste únicamente en ejecutar el presupuesto; consiste en asignarlo donde produce el mayor bienestar colectivo.

Cuando un alcalde concentra prácticamente todas las decisiones sobre el destino de los recursos públicos, el riesgo de arbitrariedad aumenta considerablemente. La democracia municipal pierde profundidad y la planificación cede espacio a decisiones coyunturales. Ninguna persona, por preparada o bien intencionada que sea, conoce por sí sola todas las necesidades de un municipio mejor que su propia comunidad organizada.

Los municipios dominicanos necesitan fortalecer una cultura distinta: la cultura del consenso, de la planificación técnica y de la participación permanente. Gobernar no puede reducirse a repartir beneficios individuales; gobernar significa construir condiciones para que toda la comunidad prospere.

La política municipal debe dejar de preguntarse cuántos votos produce una obra y comenzar a preguntarse cuántos problemas resuelve.

Porque cuando el presupuesto se convierte en herramienta de reciprocidad política, el municipio pierde mucho más que dinero. Pierde confianza, debilita su liderazgo social, desalienta la participación ciudadana, limita las oportunidades de desarrollo y, poco a poco, erosiona los valores que durante generaciones dieron identidad a nuestros pueblos.

Los ayuntamientos no fueron creados para administrar lealtades partidarias. Fueron creados para administrar el bien común.

Y cuando el bien común deja de ser el centro de la gestión municipal, el costo no lo paga un partido político; lo pagan las familias, los jóvenes, los productores, los comerciantes y todos aquellos que esperan de su ayuntamiento algo más que favores: esperan soluciones.

Quizás ha llegado el momento de recordar que el mejor legado que puede dejar un alcalde no es una nómina agradecida ni una estructura política fortalecida. El verdadero legado es un municipio más digno, más organizado, más transparente y más preparado para las próximas generaciones.

Porque los pueblos no progresan cuando los recursos públicos compran voluntades.

Los pueblos progresan cuando esos recursos construyen ciudadanía.

El autor es Filósofo PCP | Escritor | Educador | Estratega LSSBB