Mediante la sentencia SCJ-TS-26-0283, de fecha 13 de febrero de 2026, el alto tribunal rechazó los recursos que buscaban validar los incrementos, dejando en firme la decisión dictada por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil de La Romana, quien ya había declarado la ilegalidad de los aumentos, ordenando la devolución de los valores excedentes cobrados.

Este fallo obliga al Alcalde Eduardo Kery Metivier a descontar y restituir al erario municipal la suma total de RD$2,300,000.00, dinero que fue cobrado por los ediles de manera injustificada, según señala el ordinal segundo de la sentencia primigenia.

Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, se agotan las vías ordinarias de apelación, convirtiendo la sentencia en irrevocable y de ejecución inmediata.

Los abogados Wanchy Medina y Máximo Alburquerque argumentaron que los funcionarios municipales violaron el artículo 140 de la Constitución al legislar en su propio beneficio. Mientras que los regidores y la vicealcaldesa fueron representados por la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), que gestó con un equipo de abogados la representación de los ediles ante la Suprema.

El jurista Máximo Alburquerque destacó la importancia de la devolución de los fondos: “La justicia ha sido enfática: esos RD$2.3 millones deben retornar a las arcas municipales para ser invertidos en obras y servicios para la comunidad, no en salarios aprobados de espaldas a la ley. Se cierra un capítulo de arbitrariedad en la gestión local”, sentenció Alburquerque.