Entre fuego y ceniza: comunidades de El Seibo al límite por Central Romana

A esto se suma la constante caída de cachispas, pequeñas partículas encendidas y cenizas que se desprenden de la quema, las cuales afectan la vista, se adhieren a la ropa y provocan una permanente sensación de intranquilidad en quienes viven expuestos a esta realidad. Esta situación está generando serios trastornos de salud, especialmente en envejecientes, niños y personas con afecciones respiratorias, como el asma.

No se trata de una molestia pasajera. Es una agresión constante al derecho fundamental de vivir en un ambiente sano. Cada jornada de quema se traduce en aire irrespirable, noches de desvelo y un progresivo deterioro de la calidad de vida de comunidades humildes que, lejos de recibir protección, enfrentan abandono.

Algunos de los afectados han preferido no revelar sus nombres por temor a represalias. Sin embargo, advierten que, de persistir esta problemática, se verán obligados a realizar manifestaciones públicas en defensa de su salud y su dignidad, una situación que podría afectar el prestigio y la imagen de Central Romana Corporation, y que aún está a tiempo de evitarse mediante una actuación responsable y oportuna.

La responsabilidad de esta problemática recae sobre Central Romana Corporation, un poderoso consorcio cuya influencia no puede ni debe colocarlo por encima del ordenamiento jurídico ni del bienestar colectivo. Resulta inaceptable que, ante una afectación tan evidente, las autoridades competentes no actúen con la firmeza que exige el caso. La inacción, en este contexto, se convierte en una forma de permisividad institucional.

El marco legal dominicano es claro. La Constitución de la República, en su artículo 67, establece el deber del Estado de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de recursos naturales en condiciones sostenibles, derecho que está siendo afectado de manera sistemática por estas prácticas.

La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales prohíbe de forma expresa la emisión de contaminantes que afecten la salud humana y el equilibrio ecológico, establece la responsabilidad de quienes causen daños ambientales y tipifica como delito las emisiones que excedan los niveles permitidos.

En el ámbito sanitario, la Ley 42-01 General de Salud consagra el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y faculta a las autoridades a suspender actividades que representen un peligro inminente para la salud pública. La realidad que enfrentan estas comunidades encaja plenamente en ese supuesto.

Los ciudadanos afectados están en pleno derecho de accionar por las vías legales correspondientes, incluyendo denuncias ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y la interposición de un recurso de amparo, conforme al artículo 72 de la Constitución, ante una amenaza real, actual e inminente a su integridad física.

Central Romana Corporation, fundada en el año 1911 y con fuerte presencia en La Romana, ha sido históricamente un motor económico. Sin embargo, ningún aporte económico justifica prácticas que comprometan la salud y la dignidad de comunidades enteras.

El desarrollo no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de la gente más necesitada.

Este no es un llamado al conflicto, sino a la responsabilidad. Es momento de exigir, con firmeza y respeto, el cese inmediato de la quema de cañaverales y la implementación de métodos de cosecha modernos, como la mecanización, que no sometan a la población a condiciones asfixiantes.

Porque respirar no es un privilegio. Es un derecho. Y hoy, en estas comunidades de El Seibo, ese derecho está siendo violentado.