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Denuncian organismos de seguridad del Estado estorcionan migrantes en la frontera

Gerard Jean Baptiste se inscribió en el Plan de regularización en la provincia La Altagracia el 20 de mayo y el 1 de junio respectivamente y los militares no le hicieron caso a sus documentos.. Gerard Jean Baptiste se inscribió en el Plan de regularización en la provincia La Altagracia el 20 de mayo y el 1 de junio respectivamente y los militares no le hicieron caso a sus documentos.. Foto: suministrada por la fuente

Según los jesuitas estas prácticas de los militares están vulnerando sin ningún tipo de consecuencia el Decreto 327-13, ponen trabas a la política migratoria del país, atentan contra la soberanía del estado dominicano y violan el derecho fundamental al libre tránsito de personas que han realizado, conforme a la ley, su inscripción en el Plan de Regularización. Estas actuaciones, muy frecuentes en la frontera, contradicen las directrices marcadas por el presidente Danilo Medina con el respeto de los derechos humanos, no solamente de los dominicanos y dominicanas, sino también de los extranjeros.

El Servicio Jesuita con Migrantes instalada en la provincia froteriza Jimaní, en República Dominicana con Haití, denunció que el Ejército Nacional y Cesfront están estorcionando a los haitianos en cada puesto militar de la frontera sur, quitándole importancia a los documentos oficiales otrogados por el Ministerio de Interior y Policía.

"Los mismos puestos de chequeo más que puestos de chequeo son peajes de militares" afirmaron los jesuitas en un comunicado enviado a MunicipiosAlDia.com.

"El Ejército Nacional y Cesfront intensifican el negocio de los peajes ilegales en la frontera sur poniendo trabas al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y realizando cobros a los migrantes registrados dentro del proceso."

Según afirman, las rutas de transporte entre las provincias fronterizas siguen siendo estaciones de pago de peaje para los migrantes, inscritos en el Plan de regularización o no, que viajan en las guaguas públicas.

La entidad acusó a los miembros del G2, del DOIF, del Ejercito Nacional y del Cesfront, afirmando que los desmontan de las guaguas en cada puesto de chequeo, en complicidad con el cobrador y el chofer de la guagua, hasta lograr que desembolsen sumas que van desde 100 pesos en adelante, llegando a a pagar hasta 2,000 pesos en la trayectoria de una provincia a otra.

"Para los militares dominicanos tiene más fuerza de ley los billetes de 100 y 200 pesos que los documentos oficiales dados por el Ministerio de Interior y Policía, como pudieron comprobar diversos observadores de Derechos Humanos que estaban dentro de la Guagua" afirman los jesuitas.

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