Contrario a la mayoría de países latinoamericanos, donde la propaganda política y electoral está regulada por leyes rigurosas, en República Dominicana las normas legales en la materia son escasas. Peor aún, su implementación es pobre, negligente, y medalaganaria. Este estado de cosas propende al uso desigual de la propaganda política por parte de los que detentan el poder. Ello quedó de manifiesto en el reciente “Tercer informe de observación electoral”, perfilado por Participación Ciudadana.