La manzana de la discordia entre las dos sociedades "ricos y pobres" y el gobierno por el control de Bahía de las Águilas, pone a pruebas al ejecutivo, que tiene como arbitro para la solución del conflicto social a la Suprema Corte de Justicia, que se niega a conocer el caso en su jurisdicción donde llevan más de 15 años con el expediente y todavía no deciden nada.