Alcalde y Senadora también llaman a boicotear turismo de la RD

El alcalde de Boston, Martin J. Walsh, y la senadora estatal de origen haitiano, Linda Dorcena Forry, promueven públicamente un boicot al turismo de la República Dominicana en protesta por las supuestas deportaciones de haitianos en este país.

Durante un encuentro con activistas haitianos y dominicanos en la sede de la alcaldía, Martin dijo que "los viajeros hacia la República Dominicana deben reconsiderar su destino turístico, para crear conciencia sobre las deportaciones".

El Alcalde y la Senadora reconocieron al periódico The Boston Globe que el turismo es un motor clave en la economía de los dominicanos.

La legisladora instó a los turistas a viajar directamente a Haití, en el vuelo directo que recientemente abrió la aerolínea Jet Blue desde el aeropuerto Logan en Boston, hasta Puerto Príncipe.

"La gente debería probar ir a Haití en estos vuelos", expresó. "Creo que el viajero americano es una palanca clave que puede ser utilizada para influir en quienes toman las decisiones". "Invitamos a los turistas a ir a otro lugar que no sea la República Dominicana, preferiblemente a Haití", precisó.

Dijo que está trabajando en una resolución que será apoyada en el senado estatal reclamando a la República Dominicana que cese las deportaciones.

"Activistas" reciben fondos de la Alcaldía

La prensa no ha especificado cuáles son los "activistas" dominicanos que estuvieron en este encuentro ni cuál fue su actitud ante el llamado a boicotear el turismo de su país. Casi todos pertenecen a entidades que reciben fondos de "colaboración" de la Alcaldía.

Hace dos semanas un llamado similar fue hecho por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, provocando una airada reacción de funcionarios del gobierno dominicano y de miembros de la comunidad dominicana radicada en esa ciudad estadounidense.

Hicieron caso omiso a llamado

Debido a la presencia en su territorio de más de un millón de ilegales haitianos y personas oriundas de otros países , la República Dominicana adoptó medidas, entre ellas un Plan de Regularización para dotar de documentos a todos los extranjeros que lo soliciten y cumplan mínimos requisitos.

Durante 18 meses las autoridades locales llamaron, por distintos medios, a esas personas a que se acogieran a dicho plan, bajo amenazas de que deportaría a los que no hicieran. Cumplido este plazo sólo 88 mil lo hicieron y el resto, aunque ha quedado en una situación de ilegalidad.