FTJ pide respetar decisión del Tribunal Constitucional

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió respetar y acatar las disposiciones del Tribunal Constitucional, en razón de que se trata de la única entidad Estatal facultada constitucionalmente para dictar sentencias con valor vinculante para todos los poderes públicos, todo ello en atención al artículo 184 de la Constitución Dominicana.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, entiende que no es momento de rasgarse las vestiduras y que independientemente del acuerdo o desacuerdo que tengamos con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que debemos respetar y preservar la institucionalidad y en consecuencia observar y cumplir con el precedente vinculante del Tribunal Constitucional.

En ese sentido la entidad considera oportuno avocarse conforme a los dictados de la sentencia, a procurar y viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los Derechos Humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para todos los involucrados.

La fundación, tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas, propuso el modificar y habilitar de urgencia la ley 1683 sobre naturalización para dar repuesta de manera focalizada a los miles  de casos de personas, que han sembrado raíces por décadas en el país, además de estar provistos de documentos que le dan la presunción de nacionales dominicanos, entre otros requerimientos a considerar.

La entidad aprovecho la rueda de prensa para anunciar que trabaja en la elaboración de una propuesta de ley para ser depositarlo la próxima semana en el Congreso Nacional, con el cual se busca modificar de la Ley 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948.

Indicó que con esa modificación se busca flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria y sin ningún costo para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad constitucional al amparo de la sentencia referida.

La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan (Poder Ejecutivo, (Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Tribunales de la República, estos últimos para casos muy puntuales y excepcionales), siempre trabajando en estrecha colaboración y coordinación.

"De ahí que reiteramos –insiste- como salida salomónica la modificación de la ley sobre naturalización para dotar en el menor tiempo posible a aquellas personas que se encuentren en problemas con su documentación".