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Centro Bonó negado a entregar datos a Comisión de Veeduría de la JCE

Centro Bonó negado a entregar datos a Comisión de Veeduría de la JCE Fuente externa.

La Comisión de Veedores de la JCE está conformada por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, y otras personalidades. Según Roberto Rosario, la misma trabaja en el levantamiento de cualquier información que su entidad tenga respecto a personas que consideren deben ser incluidas en el proceso de levantamiento para la presentación del informe al Consejo Nacional de Migración, y la posterior auditoría sobre el particular.

El Centro Bonó no suministrará datos a la Comisión de Veedores conformada por la Junta Central Electoral (JCE) para evaluar el impacto de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, por entender que la solicitud  del organismo se enmarca en un contexto violatorio a los derechos fundamentales.

En una misiva de respuesta a la petición que el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez,  hiciera llegar a la entidad, el centro recodó que durante años acompaña a las víctimas de decisiones vulnerables de derechos reconocidos en la Constitución, por lo que califica como "incoherencia el aceptar la colaboración con una veeduría destinada a desconocer estos mismos derechos".

"Nos acogemos al principio de supremacía de la Constitución establecido en al artículo 6 de la misma, el cual establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución", afirma la entidad  cuando argumenta su  rechazo a la invitación de la Junta Central Electoral y a todo el proceso que el Poder Ejecutivo inició para aplicar la sentencia 168-13.

Tras señalar que la JCE es reincidente en el desacato de medidas judiciales que protegen los derechos de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, el Centro Bonó se limitó a enviar a Rosario Márquez cuatro ejemplares del boletín "Vidas Suspendidas, donde se recogen los dramas humanos generados por el despojo masivo de nacionalidad emprendido por la Junta y respaldado por el TC.

"Nuestra posición con relación al tema de su solicitud ha sido conocida desde el mismo día en que se comunicó la sentencia del Tribunal Constitucional a la opinión pública, el 26 de septiembre de 2013. (...) La sentencia es aberrante y violatoria de los derechos humanos y de la Constitución de la República Dominicana.  Uno de sus desaciertos es confundir los problemas generados por las políticas migratorias irresponsables con el derecho a la nacionalidad, y con la situación y administración del registro civil", enfatiza el Centro en la carta firmada por su director, Roque Féliz, y los consejeros Octavio Figueroa, Pablo Mella, S.J. y Martin Lenk, S.J..

Antes de concluir su misiva de respuesta, los directivos destacaron que el Bonó sí está presto a participar de cualquier iniciativa abierta y transparente que sea respetuosa de los derechos de las personas y de la institucionalidad del Estado de derecho en el país.

 

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