Centro Bonó expresa preocupación por Reforma del Código Procesal Penal

Para el Centro Bonó, al igual que para la mayoría de la población, le preocupan las acciones que ensombrecen el proceso de reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana.

Según las conclusiones el análisis de coyuntura realizado por la entidad, el conjunto de estas reformas constituye un retroceso contra las garantías procesales propias de un Estado de derecho que busca proteger a la ciudadanía de los abusos de poder.

"Es central conservar el principio constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, como establece el artículo 69 de la Constitución dominicana. Preocupa igualmente que se limite la presunción de inocencia y que se debiliten los contrapesos, límites y equilibrios a los abusos que pueden cometer las autoridades policiales en el uso de medidas de coerción", manifiesta el Centro Bonó en un documento enviado a precisión.com.do.

Manifiesta que la población manifiesta especial preocupación por el cambio del párrafo tercero del artículo 85 del actual código de 2002, con el que se elimina el derecho de la ciudadanía a constituirse en querellante ante"los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos".

"Ciertamente, este punto implica una seria amenaza para la institucionalidad democrática del país. Sin embargo, el Bonó señala que hay otros tópicos importantes como lo es la discrecionalidad de las autoridades en el uso de la coerción en los procesos de investigación penal", expresa el documento de prensa.

"En otros puntos, los entendidos en derecho dominicano han hecho notar que diversos cambios introducidos limitan las libertades democráticas y las garantías procesales y que en la práctica permitirá ignorar el principio de progresividad que deben tener los derechos", explica.

"El Centro Bonó, como parte de la ciudadanía organizada, exhorta a las autoridades dominicanas a dejar sin efecto los actos de esta reforma, pues los mismos envían un mensaje regresivo con respecto a la institucionalidad del Estado de derecho, sobre todo en un momento tan delicado de la convivencia nacional, en el que aumenta la sensación de inseguridad por el irrespeto a la ley y la impunidad generalizada.El proceso de reforma debe retomarse con calma y mayor transparencia", resalta.

El Centro Bonó exhortó a la población a no caer en el engaño y manipulación de sus sentimientos y atender a sus justas preocupaciones sobre la proliferación de actos delincuenciales, exigiendo mayor coherencia en la política criminalística del Estado; pero al mismo tiempo exhorta a que las demandas ciudadanas en materia penal no legitimen la vulneración de las garantías procesales ni el debilitamiento de los medios de protección y defensa con los que deben contar las personas imputadas en el marco de un Estado de derecho.

"Algunos legisladores y políticos han aducido falazmente que la querella ciudadana contra el funcionario público o el violador de derechos humanos es inconstitucional. Es verdad que esto se presta al abuso y a la calumnia, dada la cultura legal y política dominicana. Sin embargo, una lectura imparcial y reflexiva del artículo 22.5 de la Constitución permitiría dar más peso, por el contrario, a la inconstitucionalidad de la eliminación del acusador popular", afirma.