Feministas denuncian feminicidio de estado por muerte de embarazada

Los dos criterios extremos que pueden darse en una situación político social de fuerte impacto emocional se están desarrollando en República Dominicana, donde la muerte el viernes 17 de agosto de una muchacha de 16 años embarazada y que padecía leucemia, ha potenciado ira y tristeza frente a la tardanza en aplicarle quimioterapia y de no haberla legrado.

La denuncia del caso como feminicidio de Estado se basa en que, al margen de la discusión sobre si habría vida en el cigoto, lo que no admite debate es que sí la hay en las mujeres embarazadas y que forzarlas a continuar embarazos de alto riesgo, o moralmente insostenibles como en el caso de las violadas o víctimas de incesto, es una invasión flagrante a sus derechos humanos que, en este caso, se comete en nombre de la ley de leyes.

La Constitución de la República, aprobada en enero de 2010, postula que el derecho a la vida "es inviolable desde la concepción hasta la muerte" y que "no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte".

El comienzo del problema que llevó a la muerte a esta chica reside en la resistencia tenaz de los sectores religiosos fanáticos que, desde siempre, se han opuesto al aborto terapéutico y al ejercicio de los derechos de la mujer sobre su cuerpo.

Durante tres o cuatro semanas en que la situación de la joven fue de conocimiento público, tanto medios de prensa como redes sociales hablaban de Rosalba Almonte llamándola Esperancita. Estaba en ella la ilusión de la gente consciente, que esperaba que la legraran, le aplicaran quimioterapia para su enfermedad y le salvaran la vida.

Pero solo tras una gran presión pública y de fuerzas sociales, el centro de salud del magisterio, donde estaba hospitalizada, accedió a aplicar quimioterapia sin practicar la interrupción, lo que hizo más dramática la situación de la muchacha, quien expulsó el feto, ya de 10 semanas, antes de expirar.

La Colectiva Mujer y Salud, organización no gubernamental de referencia en la materia, rechazó en un comunicado la preferencia a "imponerle una inmolación", en lugar de realizarle el aborto terapéutico. "Lo que se hizo con Esperancita constituye un acto de tortura, cruel e inhumano", indica la organización.

Agrega que al no haberse divulgado los resultados de la autopsia, nunca se sabrá lo que ocurrió con la menor. No obstante, dice que de confirmarse que la paciente murió de hemorragia uterina tras la expulsión espontánea del embrión, sus médicos, las autoridades de salud y los defensores a ultranza del derecho a la vida del cigoto, tendrán mucho que explicar.

Las cifras de mortalidad materna en República Dominicana se mueven alrededor de 159 por 100.000 nacidos vivos, como lo denunció la feminista Sergia Galván en la Audiencia en la que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU escuchó a las activistas dominicanas en marzo del pasado año.

Es imposible saber, sin embargo, cuántas de esas muertes son atribuibles a abortos inseguros, pues estos se hacen clandestinamente. Cuando a las mujeres pobres se les presentan hemorragias, van a hospitales donde las atienden o no y, si mueren, por lo regular registran otras causas.

Apenas horas después del fallecimiento de Esperancita, el Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, calificó de "canallada" la idea de atribuir a la Constitución la muerte de la joven.

López Rodríguez reaccionó de esa manera ante periodistas que requirieron su opinión sobre la posición de Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, que ha acusado al Estado de "feminicida" y atribuido el deceso de Rosaura Almonte (Esperancita) a las limitaciones impuestas por el artículo 37 de la Carta Magna.

El cardenal alegó que "en el caso se hizo todo lo humanamente posible" y agregó que "no la mató el embarazo", sino "obviamente un problema serio que tenía: leucemia", respondió de forma enérgica.

A su juicio, no se le garantizaba la vida a la joven practicándole un aborto, debido a su enfermedad, y se actuó correctamente al aplicarle la quimioterapia, tratamiento con el cual se hizo todo lo posible para salvar su vida y la de la criatura que llevaba en su vientre.

La situación generada por el caso había llevado a que, dos semanas atrás, el II Foro Hemisférico de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, reunido en Santo Domingo, dirigiera un mensaje "respetuoso" -como significaron- al gobierno dominicano solicitándole que facilitara la administración de quimioterapia a la muchacha.

En la ocasión, representantes de gobiernos y otras personalidades recibieron el mensaje de la Ministra de la Mujer anunciando que el entonces Ministro de Salud Pública aseguraba que ese tratamiento se iniciaría. Demoraron, sin embargo, no menos de 48 horas para hacerlo y no hubo ninguna alusión a qué sucedería con el feto o la conveniencia de legrarla.

En opinión de la abogada feminista Susi Pola, "la mayoría de los médicos y médicas saben que las drogas que cruzan la placenta antes de los tres meses actúan sobre el feto. Correspondía 'desembarazarla' antes de usar la quimioterapia", asegura la experta en un artículo que adelantó a SEMlac y publicará el martes 21 de agosto el diario El Nacional.

La jurista sostiene que, en un sistema de salud impresionado por una iglesia desfasada y fuera del contexto histórico, faltaron manos conmovidas e inteligencias libres.

"No valió que la madre de esa niña manifestara públicamente que elegía a su hija viva. Un círculo eclesiástico la encerró y oró con ella por la dicotomía de la vida y la muerte y cerró los ojos de Rosalba/Esperancita, arropándola con cantos religiosos", afirma al final de su escrito.

La madre de la joven, una empleada de escuela, pobre, que vivía sola con su hija, ha referido que convenció a Esperancita de que no moriría, que la iban a salvar, y la chica comenzó a hablarle del próximo inicio del curso escolar y de sus planes.