Participación Ciudadana llama la atención sobre el uso adecuado de la publicidad
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Solicita a la Dirección General de Comunicación (DICOM) que ejecute normativa que regule los gastos de publicidad y propaganda del sector público.
Participación Ciudadana, movimiento cívico apartidista, manifiesta su preocupación frente a las publicaciones realizadas por la Superintendencia de Seguros en espacio pagado, de una página y en varios periódicos de circulación nacional, apartándose de la austeridad ordenada por el presidente Danilo Medina en el decreto No. 499 de fecha 22 de agosto del 2012.
La función pública debe ejercerse sin excesos y con un uso racional de los recursos públicos, situación que no se manifiesta ni en los contenidos ni en la publicidad de la Superintendencia de Seguros. Los recursos empleados por el Estado en publicidad deben constituir una herramienta útil para informar a la ciudadanía sobre los asuntos que le son importantes.
Erogar recursos para promover la imagen o comportamiento de un determinado funcionario es un claro dispendio y una falta administrativa, inaceptable sobre todo en los momentos actuales, en una coyuntura económica e internacional que exige la mayor disciplina económica posible.
Las disposiciones del decreto No. 499, son aplicables a todos los órganos que conforman la administración central del Estado, medidas dirigidas a racionalizar el gasto en el sector público, mandatorias para todos los miembros de la administración, debiendo promover las mismas al personal bajo su dependencia.
Recomendamos, que a la mayor brevedad posible, la Dirección General de Comunicación (DICOM) fortalezca y haga ejecutar la normativa que regule los gastos de publicidad y propaganda del sector público, para que publicaciones como estas no vuelvan a repetirse.
Participación Ciudadana demanda que los funcionarios públicos de la actual administración, ejerzan su función con decoro y dignidad para que no generen confusión no sólo en la población sino sobre sus subordinados, sobre el verdadero rol de la función pública y el uso adecuado de los recursos del Estado.
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