Entidad reclama a Suprema designar juez para caso Félix Bautista

En abril del presente año 2012 Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3), tomamos las palabras del entonces candidato presidencial Danilo Medina, quien en una de sus alocuciones había indicado a la opinión pública, que instaba a aquellos ciudadanos/as que tenían pruebas contra el Ing. Félix Bautista a que se querellaran y que encausaran sus descontentos ante los Tribunales de la República; fue entonces cuando procedimos a someter una querella por soborno transnacional ante la Suprema Corte de Justicia, ya que el Director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), se había constituido en una retranca en la lucha anticorrupción.

La querella  que interpusimos fue remitida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia hacia  la DPCA, marcando con esto el inicio de una intención certera de que el caso no fuera investigado y muchos menos procesado.

Junto con esta demanda otros grupos civiles procedieron a someter otras querellas y denuncias, por la presunta comisión de otros tipos de delitos y crímenes por parte del Ing. Félix Bautista, entre ellas destacamos la querella que hiciera la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), que acusa a Félix Bautista de desfalco al erario público, amparando sus acusaciones en las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas.

Cabe destacar que el Ing. Bautista fue sometido a su vez por otros delitos por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes aportaron pruebas de diversos delitos y crímenes, incluyendo el involucramiento del Senador Bautista en el caso Sun Land.

Como es sabido por todos/as el señor Hotoniel Bonilla Director de la Dirección Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), ordenó el archivo de las querellas de manera irregular y sin ninguna razón jurídica valida, ya que nunca se llevó a cabo una investigación real del caso, porque el señor Bonilla, contrario al procedimiento establecido y lo esperado por todos/as los/as ciudadanos/as, sólo se limitó a entrevistar al acusado tomando su palabra como la verdad absoluta, sin exigirle prueba alguna de sus afirmaciones, cosa que indignó a la ciudadanía en general.

En virtud de la decisión de Hotoniel Bonilla de negar el derecho a la justicia de Ciudadanxs Contra Corrupción (C3) y Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) es que estas dos instituciones dispusieron,  dentro de los plazos legales establecidos en la legislación dominicana, sus respectivas instancias de objeción al archivo de sus respectivas querellas.

Ante estas cuatro acciones legales que acusan directamente a Félix Bautista de la comisión de varios delitos y crímenes, el procurador Francisco Domínguez Brito dispone, mediante una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, que sea revocado el archivo de las querellas, y sea iniciada nuevamente la investigación de las acusaciones realizadas contra el Ing. Bautista.

Por ello, Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3) exige a la Suprema Corte de Justicia no dilatar los procesos judiciales, designando de inmediato como ordena el debido proceso, a un Juez de Instrucción Especial, para que este fije audiencia y cite a las partes querellantes, al querellado y al Ministerio Público, para que se conozcan las objeciones sometidas contra el archivo irregular de las querellas.

Pedimos que en esta audiencia pública sobre el caso, el Dr. Domínguez Brito como represéntate máximo del Ministerio Publico, y en su calidad de Superior Jerárquico de la DPCA, proclame la Aquiescencia a las objeciones presentadas por las partes querellantes, con esto se le da la oportunidad al nuevo Procurador General de la República de enmendar los pasos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

Por este medio anunciamos que en los próximos días presentaremos nuevas acciones legales contra varios funcionarios, que aparándose en sus cargos en la Administración Pública buscan obstruir los debidos procesos judiciales y menoscabar la lucha anticorrupción que libra un sector del Ministerio Público y la sociedad Dominicana.