Fedodim hace llamado a la racionalidad ante reclamaciones de comerciantes sobre Ley de Residuos Sólidos
- Escrito por Mabel Rivas
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Pedro Richardson manifestó que entiende las reclamaciones de los comerciantes y las MiPymes, reconociendo su rol como motor de la economía dominicana, y dijo que el costo de la gestión de residuos es un compromiso compartido.
El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, emitió un pronunciamiento frente al debate suscitado por comerciantes sobre la Ley 98-25, reconociendo las inquietudes del sector comercial, sin embargo, enfatizó que la gestión de residuos sólidos enfrenta una crisis financiera estructural que no puede esperar más.
"Entendemos la preocupación de nuestros comerciantes ante cualquier ajuste de tarifas, pero debemos ser honestos con el país: el servicio de recolección está siendo subvencionado casi en su totalidad por los gobiernos locales, lo que drena fondos que deberían destinarse a obras vitales como aceras, contenes, alumbrado público y programas de asistencia social", puntualizó el director.
Richardson instó a una reflexión profunda sobre las tarifas vigentes aplicadas por los ayuntamientos y juntas municipales de distrito, las cuales son, en su mayoría, inexistentes o simbólicas. Resaltó que, mientras en otros países de la región el costo promedio por tonelada gestionada ronda los RD$3,000, en la República Dominicana el costo por kilo recolectado y transportado hasta su disposición final supera con creces lo que el sector empresarial aporta actualmente incluso con la aplicación de la contribución prevista en la ley.
Al promediar la contribución especial, dijo que para un comerciante o una pequeña empresa el impacto mensual es una inversión mínima en comparación con el beneficio de operar en un entorno limpio y saludable. “Estaríamos hablando de pagar entre $250 y $500 pesos al mes. No es una carga caprichosa, es el costo de la sostenibilidad", afirmó.
Pedro Richardson subrayó la urgencia de dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para garantizar una salud pública digna para la ciudadanía, e hizo un llamado al diálogo y a la comprensión mutua, abogando por una solución donde la racionalidad se imponga, permitiendo que los gobiernos locales dejen de ser "recogedores de basura" para convertirse en gestores de desarrollo humano, a través de una financiación justa y transparente de los servicios públicos.
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