Grupos empresariales se oponen a ley que favorece frontera
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La posición contra la ley fue fijada por las asociaciones de Industrias de la República Dominicana, de Exportadores, Industrias y Empresas de Haina y Región Sur; Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, Industrias de la Región Este, de Industrias de Bebidas Gaseosas, entre otras, respaldadas por el Consejo Nacional de la Empresas Privada y la Organización Nacional de Empresas Comerciales.
Las organizaciones empresariales más representativas del país pidieron al unísono la modificación de la Ley 28-01 que creó una zona especial para el desarrollo fronterizo, ya que, según alegan, esa legislación contiene una serie de distorsiones que provocan que el Estado dominicano pierda millones de pesos, crea una competencia desleal y atenta contra la estabilidad de pequeñas, medianas y grandes industrias establecidas en todo el país.
La posición de las entidades fue dada a conocer a través de una rueda de prensa en la que se leyó un comunicado que salió publicado hoy en medios de comunicación escritos.
Los empresarios sostienen que ha quedado demostrado que los resultados de la Ley 28-01 en sus casi 12 años de vigencia no han llenado las expectativas trazadas por la misma de promover un flujo de inversiones suficientes que provocara de manera sostenible formas más elevadas de vida en la región, que estimulara el regreso de muchos de los que la habían abandonado y el asentamiento de nuevas familias y empresas.
Explicaron que esa legislación solo en el año 2012 causó pérdidas al Estado dominicano de más de 1,100 millones de pesos.
Las instituciones reiteraron su posición, al considerar que resulta "impostergable" la modificación de la Ley 28-01, en un plazo no mayor de 60 días, a los fines de cumplir con los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Sugirieron que mejores resultados tendría el país si el Estado invirtiera los cientos de millones de pesos que ha dejado de percibir como consecuencia de estos incentivos fiscales, en verdaderos programas de bienestar social que tanto se requieren en la zona fronteriza. Expresaron que los empleos creados al amparo de la Ley 28-01 no representan un crecimiento neto de empleos, pues en su mayoría han surgido del deterioro y la pérdida de mercado de otras industrias a las que no se les posibilita trasladarse a operar en dicha zona, debido a que se atentaría contra los ingresos fiscales del Gobierno.
Dijeron que la ley debe beneficiar a empresas que traigan innovaciones al mercado local, pero no a producir lo mismo que otras empresas que sí pagan sus impuestos.
Aclararon que no están en contra del desarrollo de la zona fronteriza del país, sin embargo, entienden que la Ley 28-01 no es la medida que más conviene.
Al responder una pregunta de periodista los empresarios dijeron que su posición no es defender los intereses del Estado, sino de la equidad que debe existir en el país.
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