Sonia, Marie y Juliana: Las contradicciones del sistema

Solange Pie, o Sonia Pierre, es un ícono caribeño y latinoamericano de los derechos humanos por su lucha mientras tuvo vida a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana.

En el año 2007 fue objeto en República Dominicana de una despiadada ofensiva de los grupos ultranacionalistas que buscaban la anulación de su acta de nacimiento como dominicana. Solo porque, ocasionalmente, recurría a las instancias jurídicas regionales integradas al sistema judicial dominicano tal como la Comisión Interamericana de los derechos humanos (CIDH), para denunciar algunos casos.

En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo fue categórico: "No se puede anular su acta porque perimió cualquier situación que pudiera resultar dudosa" (Hoy 12/04/07) sentenció el consultor jurídico, quien aún ocupa el cargo con una activa participación en el debate público sobre el tema.

Marie Etienne Desir, es una empleada meritoria de una cadena internacional de hotelería en Santo Domingo. En octubre de 2013, con ciertos cuestionamientos respecto a su participación en un acto propagandístico, ocupó la primera plana de la prensa nacional.

La Dirección General de Migración (DGM) en la Junta Central Electoral (JCE) la presentó, antes de iniciarse formalmente el Plan Nacional de regularización, como la primera beneficiaria, dominicana de ascendencia haitiana, del citado programa.

Para tales fines su acta de nacimiento dominicano fue anulada y su nacionalidad suspendida. Su problema fue resuelto en un abrir y cerrar de ojos sin cuestionamiento ninguno de los grupos ultranacionalistas, incluso del partido político que controla la DGM, que hoy ataca al reglamento de la ley 169/14.

Sobre este caso, medios de comunicación usaron los procedimientos formales de acceso a la información pública sin que hasta hoy hayan obtenido respuesta a estas dos preguntas: ¿Por qué no perimió la duda que pudiera existir en relación a su acta? ¿Cuál tribunal anuló su acta de nacimiento como manda la ley?

A nadie le pareció preocupante que en violación a la ley 1683 sobre naturalización, la DGM y la JCE desbordaran sus prerrogativas, al manejar un caso que es de la competencia estricta del Ministerio del Interior y de la presidencia, otorgando, según la prensa, la ciudadanía dominicana a Marie Etienne.

Juliana Deguis Pierre, ama de casa, jefa de hogar, es la primera afectada por la sentencia 168/13. Es también la primera beneficiara de la ley 169/14, fruto de un consenso político para enmendar lo que desde el 2007, iniciara la JCE a través de una simple resolución administrativa: un proceso de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana.

Pese a su notoriedad, a diferencia del caso de Marie Etienne, Juliana tuvo que agotar todos los procedimientos de ley para recuperar su cedula de identidad.

Según cálculos de la JCE, unos 13, 672 dominicanos de ascendencia haitiana estarían afectados por la misma situación la cual quedo corregida por la ley al reconocer su nacionalidad. En la realidad no. Contrario al espíritu y las letras de la pieza legal citada, las trabas burocráticas y administrativas se mantienen por el organismo estatal para la gran mayoría.

Parece ser una constancia, ya que tampoco las resoluciones de finales de los 90 o la sentencia de 2005 emitida por la CIDH sobre la nacionalidad, de carácter vinculante para el Estado, han sido acatadas plenamente. Asimismo, el informe preliminar de la visita in loco de la Comisión Interamericana del año pasado cuyas recomendaciones fundamentales no fueron integradas por el poder ejecutivo en la ley 169/14, a favor de los no-inscritos en el estado civil.

Sonia...!paz a su alma!, Marie y Juliana, tres mujeres de ascendencia común con trayectorias muy distintas, evidencian las profundas contradicciones del sistema y la incoherencia estatal.

Tomando en cuenta las facilidades que tienen personalidades del Jet set internacional para lograr la nacionalidad dominicana, los casos descritos arriba merecen ser analizados más detenidamente en el marco de la justicia social, la seguridad jurídica y del Estado de derecho que se busca fortalecer en Republica Dominicana.

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