Bahía de las Aguilas y el juego de la desmemoria

Es penoso y preocupante, lo que ha sucedido en los últimos años con la divulgación de mentiras y media verdades, desde grupos organizados ocultos, que a través de sus socios ubicados en varios medios de comunicación, hacen valer sus voces por encima de las autoridades, que son las que tienen la legitimidad popular, validada por la emisión del voto de la mayoría de la población cada cuatro años.
En nuestro Estado Social y de Derecho, como describe la Constitución vigente desde el año 2010, la forma de organización social donde vivimos los dominicanos, los poderes públicos se ejercen a nombre del pueblo y nos consta que solo son tres: el Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, el Legislativo, bicameral y el Judicial, con sus órganos bien definidos; en ningún lado aparece lo que ahora llaman "la voz de la calle" como responsable de gobernar.
Son varios casos los que podríamos citar para ejemplificar como una mentira o media verdad se convierte en un tema político para imponer la agenda nacional, sin haber primero pasado por el tamiz que significa someterse a la validación popular necesaria ganando con la mitad mas uno de los votos, en el caso del ejecutivo, el mandato del pueblo.
Uno de ellos, emblemático, porque se juega a la amnesia histórica que nos caracteriza es el tema de Bahía de las Aguilas.
Vimos con estupor, la supuesta victoria del grupo mediático que ha combatido a los gobiernos del PLD, asumir como propia una victoria judicial que no fue mas que la culminación de un proceso que comenzó hace casi 20 años durante el gobierno que presidió Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno.
Porque fue el Procurador General de la República de entonces, Abel Rodríguez del Orbe, quien puso en movimiento la acción pública, para desconocer los títulos otorgados por el que había sido director del Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodriguez Guzmán, que incluso llevó a la cárcel a varios de los implicados en el fraude cometido contra el estado dominicano.
Solo para refrescar la memoria de algunos y que otros se enteren, porque en un país de media verdades existen las medias informaciones, Leonel Fernández en su primer gobierno, puso en juego el capital político que hizo la diferencia para acceder a la Presidencia de la República: la alianza con Joaquín Balaguer y los reformistas, cuando no intervino, respetando la separación de los poderes consagrada en la Constitución y permitió que fueran encarcelados como presos preventivos, Jaime Rodríguez Guzmán, Puro Pichardo y Moisés Marchena (quien murió en la cárcel), los principales acusados del reparto de tierras que para nada tenían vocación agrícola.
Es en el gobierno del PRD, por medio del decreto 273-01, firmado por Hipólito Mejia, que declara esos terrenos de utilidad pública, admitiendo implícitamente la validez de los títulos otorgados y ordenando a la Dirección de Bienes Nacionales el pago, como mandan la Constitución y las leyes, a los poseedores de los títulos que habían sido protestados por fraudulentos en el gobierno de Leonel.
Pero ademas, es el Procurador General de la República del gobierno del PRD, Victor Céspedes Martínez, quien emite a "la hora de ponerse las palomas", el 13 de agosto del año 2004, un acto de desistimiento donde ordena la devolución de los títulos a los procesados y desinteresa al estado dominicano de la persecución penal sobre los que cometieron el llamado "mayor fraude del siglo XX" en contra de los intereses de los dominicanos.
Tiene que ser nombrado Francisco Domínguez Brito, en el gobierno de Leonel Fernández en el 2004, para que se retome el tema y se solicite formalmente a la Suprema Corte de Justicia, que se deje sin efecto la petición de su antecesor.
Y es en el gobierno 2004-2012 y ahora en el gobierno encabezado por Danilo Medina, cuando se plantea una solución que permita desatar el nudo que ha impedido el desarrollo del polo turístico de la parte mas pobre de la República Dominicana, que es el sur profundo.
Resumiendo: la primera victoria jurídica sobre estas tierras, que es declarar no válidos los títulos de esos terrenos de parte del Tribunal de Tierras, es la consecuencia de la actuación de Leonel Fernández y Danilo Medina como presidentes de la República, no exactamente de los que sectores que quieren atribuirse un triunfo que sencillamente no es de ellos.
Que a quien hay que invitar al Palacio Nacional, por ser la persona que puso el tema en el terreno judicial para desconocer los "derechos" adquiridos por los "propietarios", es a Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República cuando comenzó la litis y actuó a nombre del Estado Dominicano.
También hay que hacer memoria, de que Piky Lora fue nombrada Directora del Catastro Nacional por un decreto del Leonel Fernández, le fue entregado un poder para representar al estado dominicano de parte del Procurador General de la República y, si sus hijas están hoy día siendo parte del proceso, el origen se encuentra en el nombramiento que incluyó a su madre en el tema, firmado por el entonces presidente de la República.
Pero además queremos recordar, que son los políticos enganchados a ecologistas, identificados con el eufemismo de representar a una "Academia de Ciencias", vinculada al PRD y los enemigos de los gobiernos del PLD y sus aliados, quienes han sostenido los argumentos de que Bahía de las Aguilas debe permanecer inalterable y dejarla para la contemplación de los pajaritos y las mariposas, mientras a su alrededor el sur profundo del país languidece por falta de lugares de trabajo.
Esta es la verdad histórica sobre el tema de Bahía de las Aguilas, que no está resuelto, porque suponemos que ahora irá a otras instancias judiciales, sin embargo, su solución pasa también por el interés del actual Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en que el tema se resuelva a nivel del poder del estado que el encabeza de la forma mas rápida posible.
"Sed justos lo primero si queréis ser felíces", como dijo para la historia el fundador de nuestra nacionalidad Juan Pablo Duarte.