La resolución, avalada incluso por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que reafirmó la vigencia de la Ley 368-22, no busca restar autoridad a los ayuntamientos, sino dotar a los distritos de herramientas técnicas para agilizar trámites, fiscalizar proyectos y cobrar arbitrios legítimos. Es, en esencia, un mecanismo para equilibrar la carga administrativa y redistribuir recursos en un país donde el crecimiento urbano desordenado exige respuestas ágiles. Municipios como Santo Domingo Este o Santiago ya demuestran que la planificación local eficiente reduce corrupción, atrae inversiones y mejora servicios. ¿Por qué negar esto a distritos que, como Miches, Verón o Bayaguana, superan los 15,000 habitantes y piden gestionar su desarrollo?.

Sin embargo, declaraciones como las del presidente de Fedomu, insistiendo en que “solo los ayuntamientos pueden otorgar permisos de uso de suelo”, parecen ignorar el espíritu de la ley y la resolución. La LMD no propone un caos jurisdiccional: las OPU operarían como brazos técnicos de los ayuntamientos, no como entes independientes. La resistencia a este modelo, avalado por marcos legales y firmado por decenas de alcaldes, raya en la contradicción. ¿Es miedo a perder control político o recaudatorio? Mientras ciudades intermedias colapsan por falta de planificación, priorizar debates territoriales sobre soluciones prácticas resulta miope.

Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿no es peligroso seguir fragmentando el territorio? La atomización de demarcaciones, sin criterios claros de sostenibilidad fiscal o coordinación interjurisdiccional, podría derivar en decenas de mini-municipios incapaces de financiar servicios básicos, replicando duplicidades y burocracias. ¿Acaso el Congreso no debería aprovechar este debate para establecer límites a la creación de distritos, priorizando la eficiencia sobre la politización? La descentralización no puede convertirse en una excusa para diluir recursos estatales en estructuras clientelares. La clave está en equilibrar autonomía local con gestión eficiente: quizás la solución no sea multiplicar entidades, sino fortalecer mancomunidades o modelos regionales que agrupen a municipios y distritos bajo planes integrales.

La resolución 02-2025 no es perfecta, pero es un primer paso para modernizar la gestión municipal. Cuestionarla, sin ofrecer alternativas, solo perpetúa un centralismo obsoleto. Los distritos no piden caridad, sino herramientas para caminar solos. Y la LMD, junto a los alcaldes de su Comité Ejecutivo que la respaldan, parecen entenderlo mejor que nadie. El reto ahora es evitar que la autonomía se confunda con fragmentación, y que el Estado, en vez de atomizarse, aprenda a cooperar.