Es triste saber que, en menos de cinco años, por algo evitable, perdimos las vidas de más de 13,669 dominicanos, contando solo desde el año 2020 hasta el mes de julio de este año. Ese total se obtiene de las cifras de muertos que dan a conocer las autoridades a través de instituciones oficiales como son el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), organismo que creó el Observatorio Permanente de Seguridad Vial; y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Sin embargo, hay quienes afirman que estas cifras están “maquilladas”, lo que crea la percepción de que podría ser mucho mayor el número de fallecidos en accidentes durante el citado período.

La realidad es dantesca cuando analizamos algunas ediciones de los lunes, de los periódicos de la República Dominicana, los que, en la mayor parte de los casos, revelan el número de víctimas en siniestros ocurridos entre viernes en la tarde y domingo en la noche, en las vías terrestres.

En algunos casos, hemos contado hasta 20 muertes en las carreteras, como ocurrió en el fin de semana comprendido entre el viernes 14 y el domingo 16, del mes de marzo del presente año.

Santo Domingo, Santiago y la región Este del país son los lugares de mayor ocurrencia de estos siniestros.

Entre accidentes de tránsito y muertes violentas, se nos están yendo a destiempo, muchos jóvenes de ambos sexos. El otro drama de esta tragedia son las personas que resultan heridas en los accidentes, las que, en un porciento importante, quedan con una discapacidad o lesión permanente.

Esta realidad duele porque es el reflejo de una baja educación de nuestra población y una falla del Estado dominicano, garante de que cada ciudadano reciba las orientaciones necesarias para garantizar no solo su vida, sino también la de otros seres humanos.

Es una falla de las instituciones del Estado, la falta de supervisión y seguimiento a la alta velocidad en carretera y que ciudadanos conduzcan en estado de ebriedad.

También es una falla del Estado que un 10% de los accidentes que se registran sean ocasionados por fallas estructurales en las carreteras.

Si bien es cierto que muchos accidentes tienen que ver con la imprudencia y falta de conciencia de los conductores, no es menos cierto que el Estado, vigilante de todo, debe estar ahí para aplicar los correctivos.

Con lamentarnos no es suficiente, deben las instituciones estatales dedicar mayor cantidad de recursos a la educación vial y a la supervisión real en las autopistas.

Aplicar la ley con mayor drasticidad es necesario para preservar vidas, especialmente en aquellos lugares punteros en el registro de accidentes de tránsito.