Los motoristas cargan sobre sus hombros la primera causa de muerte por accidentes de tránsito, el mayor gasto del Estado por cobertura hospitalaria, el principal canal del crimen organizado como es el caso de los atracos, sicariato y otros delitos graves, sin que la autoridad tome la decisión de controlarlos.

Los agentes cuando actúan, lo hacen violentamente y confrontando sin necesidad a los infractores, lo que lejos de contribuir a la solución del problema, afecta negativamente la intención del gobierno del Estado y con ello su imagen, como si se tratara de un juego intencional.

En los semáforos, como en los elevados, pasos a desnivel, avenidas y calles, los motoristas no respetan nada y violan la Ley ante la mirada indiferente de los agentes que solo tienen ojo para perseguir a los conductores que cumplen con los requisitos y las disposiciones legales.

Este problema se extiende y ya cualesquiera, criollo o extranjero, tienen en el motoconcho y servicio delivery, una forma de pescar en rio revuelto, hacer daño a la gente de trabajo, con raras excepciones, y mantener el caos, como ahora ocurre en ciudades y pueblos.

Acogidos a la incidencia política, a que son padres de familias, juntos y reburujados, contribuyen al desorden que hoy desborda toda posibilidad y que hace del transito el peor de los infiernos, en un país con vocación turística y en vía de desarrollo, porque la Ley no se aplica a los que la violan, sino a quienes deben pagarlo todo como contribuyentes.

Este monstruo incontrolable debe ser detenido con firmeza, con decisión inquebrantable, estableciendo mecanismos de control y tomando medidas que limiten el uso, importación, compra y venta de las motocicletas, para que brinden un servicio útil a la sociedad. El país tiene muchos problemas, pero este es uno muy grave. Hay que actuar ya.