La reunión se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelación del Palacio del Ayuntamiento de aquí y la misma estuvo presidido por los magistrados Pedro Antonio Mateo Ibert, procurador general titular de la Corte de Apelación.

Asistieron también Gisela Fernández, procuradora fiscal; el coronel Raúl Marcelino de la Policía Nacional, el Capitán Leo Suero Roa y el Leocadio Valentín Alcántara en representación del Procurador de Medio Ambiente.

Entre las medidas anunciadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional a los dueños de bares, colmadones y choferes se encuentran la imposición de multas a los que violen la ley de tránsito.

Serán sometidos a la justicia a los que permitan menores en sus negocios, incautación de sillas y bocinas a los que ocupen las aceras obstaculizando el libre tránsito de los peatones y que no dejen tranquilos a los vecinos con el volumen de la música.

Con relación a los que tienen lavaderos de autos, el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional y la Amet, dieron un plazo de un mes a los que mismos para que se muden, o de lo contrario, serán desalojados por las autoridades, ya que además de obstaculizar el tránsito en las calles y avenidas, también están destruyendo el pavimento.

Advirtieron que esas medidas serán de estricto cumplimiento sin importar de quien se trate, al tiempo que llamaron a la ciudadanía a que colabore, así como a los dirigentes políticos de todos los partidos, ya que no habrá criterio de oportunidad para los que violen la ley, llámese como se llame.

En la actividad participaron dueños de bares, colmadones, propietarios de lavaderos no regulados de automóviles y choferes de los municipios San Juan de la Maguana y Juan de Herrera, respectivamente.