Tamayo es una pequeña comunidad, de alrededor de 25,000 habitantes, ubicada en La Hoya del Lago Enriquillo y de las zonas más empobrecidas del país, de acuerdo con los datos oficiales. Sus autoridades municipales reciben del Estado un presupuesto de un millón 400 mil pesos, al que sus funcionarios más holgazanes (los concejales o regidores), se aprestan a morder como ratón al queso. Esos “ediles”, concebidos en sus orígenes como personalidades, de respeto y admiración, que ejercían sus labores de manera honorífica, se gestan un aumento del 100%. Eso es prevaricar, una figura tipificada de corrupción, con sus penalidades especificadas en las leyes dominicanas.

Y no se trata de una labor en la que sean pioneros: Ya lo hicieron, desde antes de ser electos, los roedores del más alto nivel.