Familias afectadas reclaman ser incluidos en beneficios de Ley 169-14 en Jimaní
- Escrito por Pedro Cano
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- Publicado en Jimaní
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Familias afectadas dicen oficinas del Ministerio de Interior y Policía están cerradas para gestionar el beneficio de la Ley 169-14.
Foto: suministrada por la fuente
La realidad es que falta mucho por hacer para solucionar este drama humano, por lo que el gobierno dominicano debería de extender el plazo a más de los 90 días marcados, abrir todas las oficinas presupuestadas y previstas en la Ley 169-14, realizar una buena campaña de información y sensibilización a los afectados y dejar de poner trabas administrativas a las personan que acuden con su documentación a las oficinas habilitadas.
Decenas de personas nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros se han concentrado esta mañana frente a la oficina del Ministerio del Interior y Policía en la ciudad de Jimaní para demostrar que aún no están en funcionamiento todas las unidades de ejecución previstas en la Ley 169-14 con el grave perjuicio que ello conlleva para miles de personas.
El 28 de julio de este año el Estado Dominicano promulgó el reglamento 250-14 para darle solución al drama humano provocado por la sentencia 168-13 del tribunal Constitucional que dejó como apátridas a más de 53,000 personas nacidas en territorio dominicano. Hasta ahora, a cerca de 11 días para que venza el plazo, menos del 1% de las personas afectadas han podido beneficiarse de esta ley y el resto sigue a la espera de que el Estado les de una solución para que tengan sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos.
En 12 provincias, incluidas la provincias Independencia, Bahoruco y Elías Piña, no hay unidades de ejecución y las personas deben de trasladarse hasta Barahona, Azua y San Juan de la Maguana sufriendo vejaciones y extorsiones en los distintos chequeos militares que hay en la zona fronteriza. Concretamente esta mañana, en el chequeo militar del Indio, a la salida del municipio Duvergé, agentes del G2 y del ejército nacional han tenido retenidas durante casi una hora a dieciséis personas, siete de ellas niños menores de edad, y a dos monitores de la oficina del Servicio Jesuita que se trasladaban con estas familias a Barahona simplemente para garantizar que podían acceder a realizar sin trabas sus trámites legales.
