Flujo comercial por Malpaso mueve 576,52 millones de dólares al año
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Los comités de derechos humanos de Jimaní, Boca de Cachón y el Limón inician campaña de sensibilización sobre la regulación de las relaciones comerciales dominico-haitiana
La Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la provincia Independencia, reclamó de los gobiernos de Haití y la República Dominicana regular el mercado binacional de Malpaso, que cada año mueve más de 576,52 millones de dólares.
Anualmente por el mercado de malpaso transitan 225,600 personas que ven sus más de 511 puestos de venta y también sus malas condiciones higiénicas, su inseguridad y el desorden que caracteriza a este mercado. Un 79% de la población de Jimaní, según una encuesta realizada, afirma que el mercado se encuentra mal regulado y un 41% de ellos quería un cambio en la ubicación del mismo.
La red fronteriza y sus comités de derechos humanos del Limón, Jimaní y Boca de Cachón, dieron inicio a una campaña de incidencia con el objetivo de que Haití y la República Dominicana se sienten en la mesa de negociación entorno a buscar la forma de regularizar el comercio binacional por esa zona fronteriza.
Asimismo, busca crear conciencia entre los comerciantes y a las personas que compran o transitan por el mercado de Malpaso sobre la importancia económica de un puesto fronterizo por el que pasan 576,52 millones de dólares anuales. Los activistas de los derechos humanos repartieron volantes, folletos, afiches y otros materiales propagandísticos sobre la importancia del comercio binacional y la necesidad de que esa actividad comercial sea regulada.
"Las principales actividades productivas en Jimaní y la Provincia independencia son la agropecuaria y el comercio binacional. Este comercio se realiza diariamente, con mayor afluencia los días lunes y jueves, estando dicha actividad actualmente afectada por la crecida del lago Azue", expresa una nota de prensa de la entidad.
La campaña, que tendrá continuidad en el tiempo, pretende que los concejos municipales establezcan las medidas tendentes a asegurar su buen funcionamiento, la seguridad y unas condiciones higiénico-sanitarias dignas para todos, expresa la RFJS.
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